La ARMH critica al Gobierno por investigar crímenes en Ucrania y no los de la dictadura franquista

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado la doble moral del Gobierno cuando manda unidades de la Guardia Civil a Ucrania, para investigar crímenes del ejército ruso, y no atender a las familias de los desaparecidos por la represión franquista que tardan años en conocer el paradero de sus seres queridos. “Sólo con que la Guardia Civil llegase a los pueblos a preguntar por el tema, con su autoridad y sus técnicas de investigación sería mucho más fácil averiguar el paradero de los desaparecidos y se atendería a familias que no han sido cuidadas ni reparadas durante 45 años de recuperada democracia”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH, nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba de ADN.

En un escrito dirigido por registro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ARMH explica que en los últimos días diversos medios de comunicación han difundido la noticia de que miembros de la Guardia Civil se encuentran en Ucrania investigando y recogiendo pruebas sobre posibles crímenes de guerra. El Gobierno ha dado las órdenes pertinentes y ha dispuesto los recursos para que se desplacen allí y con medios sofisticados estudien casos y recojan información para futuras acciones judiciales internacionales.

El colectivo que inició las exhumaciones científicas de desaparecidos por la represión franquista hace veintidós años, reclama que el Gobierno tome las decisiones oportunas, para que la Guardia Civil investigue las fosas de desaparecidos por la represión franquista, y no se deje esta tarea en los hombros de las familias que a veces tardan décadas en conocer el paradero de sus seres queridos, después de vivir situaciones complicadas y dedicar a ello numerosos recursos. La presencia y los métodos de la Guardia Civil podrían ser especialmente efectivas, acortar los plazos y terminar con la discriminación que padecen las víctimas del franquismo que tienen que ver cómo un cuerpo que financian con sus impuestos investigra crímenes a miles de kilómetros y mira para otro lado cuando se trata de algo tan humanitario como ayudar a las familias a conocer el paradero de sus seres queridos y enterrarlos dignamente del modo y en el lugar que decidan.

“Seguimos viviendo en un apartheid entre víctimas dentro del Estado español; las del terrorismo interesan políticamente y tienen acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación y las del franquismo que ni han visto juzgar a un solo responsable de la desaparición de al menos 114.226 civiles, ni han sido indemnizadas y han visto morir a miles de familiares ignorados totalmente por los gobierno de la recuperada democracia”, concluye Silva.