JEP de Colombia abre un proceso a 16 exmilitares por paramilitarismo
- La JEP investiga el presunto apoyo en los años 90 a desmovilizados de grupos armados por parte de militares para que pasaran a filas paramilitares.
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La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) comenzó el viernes los trámites para vincular a uno de los casos que investiga el tribunal contra 16 exmilitares por su presunta colaboración con el paramilitarismo.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP compulsó copias para que los exmilitares sean vinculados al Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.
El tribunal de paz investiga el presunto apoyo en los años 90 a desmovilizados de grupos armados para que pasaran a engrosar las filas paramilitares y luego los presentaban como excombatientes en proceso de reincorporación.
«Se trata de altos mandos militares que habrían apoyado la oficialización, o revestimiento de legalidad, de la desmovilización de frentes del (Ejército Popular de Liberación) EPL y las FARC, que a pesar de encontrarse militando en el paramilitarismo, fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación», indicó la JEP en un comunicado.
En el texto la JEP señaló que encontró pruebas en miles de documentos y 20 testimonios, entre ellos el del exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel» de que estas personas habían apoyado la desmovilización de combatientes de frentes de las FARC y del ELN, a pesar de que sabían que ya estaban militando en grupos paramilitares.
De las 16 exmilitares investigados, resalta el nombre del general en retiro Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín para 1996, quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014.
Igualmente, se encuentran René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI para 1996; Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII para 1996 y 1997 y Eduardo León Figueroa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Bivel) entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.
La JEP comunicó que los testigos relataron que ya siendo en su mayoría parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de desmovilizados y en proceso de reincorporación.
Según la JEP, los paramilitares aprovecharon la experiencia de los combatientes de grupos insurgentes y formación militar, así como el conocimiento de la zona y de los miembros y milicianos de las organizaciones rebeldes.