Llevan la agenda minera del Gobierno ante el Supremo

La Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales, aprobada por el Gobierno en agosto de 2022, ha sido recurrida por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Supremo. El plan, que se tramitó sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, abría la puerta para iniciar una reforma de la Ley de Minas de 1973, proceso que el Gobierno inició en noviembre de 2022 con una consulta pública.

La organización ecologista ha denunciado que la hoja de ruta incluye párrafos dictados directamente por el lobby minero. Por eso teme que ocurra lo mismo con la nueva ley de minas y que, lejos de conseguir el avance proteccionista necesario con el medio ambiente, se pretenda acelerar los trámites, coartar la participación pública y abrir más zonas del territorio al boom minero.

Este temor ante el proceso para una nueva ley de minas se fundamenta tanto en el posicionamiento extractivista de la hoja de ruta aprobado por el propio Ministerio, como en el rechazo en el Congreso, el pasado mes de julio, a la propuesta de modificación de la ley minera. Una propuesta, redactada por Ecologistas en Acción y promovida por Unidas Podemos, que buscaba reformar la actual ley franquista de minas carente de límites que preserven el territorio ante el extractivismo.

En el trámite de consultas para la nueva ley de minas, que finalizó el 23 de diciembre de 2022, se presentaron cientos de alegaciones elaboradas por Ecologistas en Acción junto con decenas de colectivos, plataformas locales y organizaciones ecologistas, proponiendo una serie de medidas críticas para que la actividad minera no sea todavía más destructiva y contaminante.

Se trata de propuestas que ya figuran en las leyes mineras de la mayoría de países europeos, pero que el lobby minero español quiere evitar a toda costa. Entre ellas, la exclusión de la minería de los espacios protegidos y red Natura 2000; el fin del derecho de expropiación forzosa; la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental; o el establecimiento de un cánon sobre el valor de lo producido para evitar el saqueo que las mineras hacen de unos bienes, los minerales, que son públicos.

En las alegaciones presentadas ante el Ministerio se destaca, además, que en muchos aspectos críticos la normativa española está por detrás de la de países como China, Chile, Brasil, Ecuador o Perú. Por ejemplo, en España es legal construir una balsa de residuos mineros inmediatamente aguas arriba de un núcleo habitado (como hace la propuesta en la mina de Touro, a las afueras de Santiago de Compostela). Esa misma instalación sería ilegal en China, que obliga a dejar una distancia de 1 km, o en Brasil o Ecuador, donde se deben dejar como mínimo 10 km de distancia.

Coincidiendo con el 25° aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, Ecologistas en Acción ha reclamado que la nueva ley ponga fin a la minería low cost que puede repetir en el futuro ese desastre a escala aún mayor. Según el Instituto Geológico y Minero de España, el 99 % de las balsas de lodos mineros existentes en el Estado están construidas siguiendo el método aguas arriba —permitido en nuestro país— que está prohibido en Brasil, Chile, Ecuador y Perú, por ser el más peligroso y proclive a sufrir fallas críticas por licuefacción.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno que preste atención a los avances normativos de otros países de nuestro entorno y no a las propuestas del lobby minero, que agravarán los problemas ambientales y sociales existentes que trae consigo el extractivismo minero.

Además, la organización ecologista reclama que, en lugar de sacrificar ambientalmente el territorio, se adopten medidas urgentes y decididas para fomentar la recuperación y reciclaje de los metales. En el lado de las alternativas, un informe de Ecologistas en Acción publicado a principios de 2022 subraya la posibilidad de satisfacer mediante el reciclaje gran parte de la demanda de metales críticos para la transición energética.