Grupo de Puebla afirma que Camacho fue responsable del amotinamiento de policías y militares en 2019
El Grupo de Puebla alertó, a través de un comunicado, sobre la ola de desinformación desatada por grupos radicales de derecha en torno al cumplimiento de una orden de aprehensión emitida contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, a quien además responsabilizan del amotinamiento de mandos policiales y militares en 2019.
La Paz, 30 de diciembre de 2022 (ABI). – “Es importante señalar que desde el mes de noviembre del año 2020, Luis Fernando Camacho Vaca fue convocado para rendir declaración por el caso ‘Golpe de Estado I’, que investiga los delitos de terrorismo y conspiración suscitados en el marco del golpe de Estado ocurrido en 2019 cuando Camacho en persona encabezó violentas marchas y bloqueos y fue responsable del amotinamiento de algunos mandos policiales y militares”, cita parte del comunicado de la de la entidad que articula a lideresas y líderes progresistas de países ibero-latinoamericanos.
Asimismo, el Grupo de Puebla expresó su preocupación por “los llamados a la desobediencia civil por parte de algunos grupos que, al margen de la ley, impidieron la operación de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.
La entidad reiteró “su apoyo (a) la protesta social como forma legítima de contestación democrática siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetando las leyes que fue precisamente lo que no hizo Camacho Vaca con su comportamiento golpista”.
Aprehendido el 28 de diciembre, Camacho fue cautelado y la madrugada del viernes el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó su detención preventiva por cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, La Paz.
El excívico es procesado por las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, por las observaciones a las elecciones generales de ese año, en las que su padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con los policías y militares para que no salgan a reprimir las protestas que concluyeron con la ruptura del orden constitucional y la autoproclamación ilegal de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, como presidenta del país.
El gobernador es enjuiciado por el presunto delito de terrorismo que es sancionado con presidio de quince a veinte años, según el Código Penal boliviano.
Jfcch/Mac
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