Justicia de EEUU dictará el jueves sentencia por corrupción a Arturo Murillo, responsable de las masacres de 2019

“La audiencia de sentencia de Murillo está fijada para el 4 de enero. Este es un paso importante hacia la justicia para Bolivia”, escribió el abogado Thomas Becker en su cuenta de Twitter la primera semana de octubre del pasado año. 

El hombre fuerte del gobierno de Áñez se declaró culpable el 20 de octubre por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero en el país del norte.

Se prevé que en la audiencia de sentencia sea condenado hasta 10 años de prisión, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Becker es abogado de las víctimas y consideró en su momento que la sentencia será un paso importante para las familias de los fallecidos y heridos de Sacaba y Senkata durante noviembre de 2019.

En 2019, al amparo del Decreto 4078, conocido como el “Decreto de la Muerte”, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a civiles desarmados que reclamaban respeto a la democracia.

Las fuerzas militares y policiales irrumpieron con violencia en las movilizaciones contrarias al régimen de Áñez provocando violencia extrema que desencadenó en las masacres de ciudadanos desarmados en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

Esta ola de violencia desmedida causó la muerte de 36 personas en noviembre de 2019, además de miles de perseguidos, detenidos injustamente o torturados, según develó el informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI -Bolivia).

Soborno y lavado en EEUU

Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.

El sobreprecio de $us 2,3 millones fue transferido a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.

De estos 2,3 millones de dólares, $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.

Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.

Acorralado, Murillo optó por admitir su culpa ante un tribunal en Florida.

En junio de 2022, el juez de Distrito del sur de Florida, Paul Huck, sentenció a los cuatro cómplices confesos del exministro quienes se declararon culpables para no purgar una condena mayor de acuerdo con los delitos que cometieron.

Sentencias

La sentencia fue para Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.

La justicia estadounidense sentenció a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

A partir de esas sentencias, los cuatro procesados colaboraron con la justicia y brindaron toda la información relativa al hecho delictivo que cometieron, y confesaron, a la cabeza de Arturo Murillo.

El Gobierno informó que recuperó una “buena parte” de los $us 2,3 millones del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otros equipos no letales durante el gobierno de facto.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, indicó en su momento que ello se concretó gracias a diferentes “gestiones” realizadas en Estados Unidos y que, además, la decisión de Murillo de declararse culpable por corrupción y lavado de dinero viabilizará el juicio civil para recuperar la totalidad de los fondos.

Arturo Murillo Prijic se encuentra recluido en el Centro de Detención Federal de Florida, Estados Unidos y su número de identificación penitenciaria  es el 02358-506.

Represión 

En los días para consolidar el golpe de Estado de 2019, con masacres de ciudadanos desarmados, el entonces ministro de Gobierno insinuaba que los mismos manifestantes habían disparado a sus compañeros por la espalda.

“Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó?”, insinuaba en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en un video que circuló en el sitio La Colmena News y otros digitales, el mismo Murillo admitía que las balas fueron disparadas por militares.

En las imágenes, Murillo y su viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pasan revista policial y militar a los efectivos, y sus blindados, que tomaron la avenida Mariscal Santa Cruz, frente a Tránsito, en una noche fría antes del 20 de noviembre de 2019.

Ambas autoridades hablan animadamente mientras verifican el estado de las fuerzas de represión del Estado.

En un momento, el entonces titular de Gobierno señala a dos vehículos de asalto de las Fuerzas Armadas.

–  Estos son los que han metido bala a los…

No termina la frase, pero Santamaría la completa.

– …a los de Senkata ¿no?

– Claro pues, dice el titular de Gobierno en tono de mordaz ironía.

Como consecuencia del golpe de Estado, 36 personas murieron en noviembre de 2019 y otros miles fueron perseguidos, detenidos o torturados, como señalaron diversas investigaciones internacionales independientes de derechos humanos.

Con el retorno de la democracia, se estableció como responsables de las muertes a las fuerzas de represión del Estado.

Juicio

La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

El juicio de responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz y Yapacaní , Santa Cruz.

Áñez y su primer gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos combinados fue abrogado.

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la presidencia del Estado y que dejaron al menos 36 muertos por armas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.

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