Los afectados piden la intervención del Defensor del Pueblo para que la Comunidad de Madrid elimine el amianto de 200 viviendas públicas de Vicálvaro

Esta mañana hemos podido comprobar el deplorable estado en el que se encuentran muchas de las 200 viviendas de Vicálvaro que, situadas entre los números 29 y 77 de la calle Villablanca y en tres portales de la calle Anillo Verde, tienen aún tejados y bajantes de Uralita, es decir, amianto. A pesar de que más del 80% de los pisos pertenece a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, desde hace tiempo presentan humedades, malos olores, suciedades y trozos de fibrocemento en sus buhardillas y subsuelo.

En una visita organizada por la Asociación Vecinal de Vicálvaro, varios inquilinos y propietarios, algunos aquejados de enfermedades graves que podrían estar relacionadas con la exposición prolongada al amianto, nos han mostrado sus pisos. Lo han hecho después de que, junto a representantes de la entidad y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), hicieran pública una queja que, unas horas antes, habían registrado en la Oficina del Defensor del Pueblo.

En ella, ante los “reiterados incumplimientos de sus obligaciones por parte de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) respecto a viviendas públicas que están bajo su titularidad, y debido a la situación de indefensión absoluta del vecindario”, solicitan a Ángel Gabilondo que intervenga ante la administración autonómica “para dar solución a un grave problema de carácter habitacional que se ha convertido en una cuestión de salud pública”.

La queja no es casual. En todos los portales afectados hay enfermos de cáncer (o había, porque varios vecinos han fallecido), pero la AVS nunca ha “tenido en consideración” la petición de la asociación vecinal de llevar a cabo un estudio epidemiológico de estos casos que sirva para resolver si tienen “relación con el amianto”.

Un informe del Instituto de Salud Pública de Madrid-Salud, del Ayuntamiento de Madrid que fue realizado después de una visita de técnicos a los edificios afectados (y que la asociación también ha remitido al Defensor del Pueblo), concluye que existen elementos “que pueden ser objeto de riesgo para la salud de sus residentes”. “Existen deficiencias en la cámara de ventilación del forjado sanitario, así como posibles fugas en las bajantes, tanto de agua fecales como fluviales. Por el olor percibido en algunos portales pudiera haber rotura en las bajantes y pozos del edificio”, puede leerse en el documento, que también menciona “las condiciones de insalubridad de los tejados de amianto”, tejados que los técnicos consideran “conveniente valorar su sustitución o encapsulado”.

En su escrito a Gabilondo, el colectivo barrial abunda en estos problemas, que, en buena medida proceden “de la baja calidad de los materiales de construcción” de las viviendas. Debido al mal estado de los tejados de Uralita, “cada vez que llueve se inundan los pisos superiores llegando a tener que intervenir de urgencia el Servicio de Bomberos, como ocurrió, por ejemplo, el 4 de febrero de 2018. La situación de las bajantes no es menos peligrosa ya que su desgaste y probables roturas provocan la acumulación de humedades permanentes, suciedad y amianto en el subsuelo de los edificios que está en bruto. Los malos olores y las plagas de insectos, son constantes”, informa la asociación en su denuncia.

Sin noticias de la Comunidad de Madrid desde el verano

La Agencia de la Vivienda Social conoce estos problemas al menos desde 2013, cuando los vecinos y vecinas afectados comenzaron a enviar quejas y reclamaciones. Al ver que estas caían en saco roto, en 2017 la citada asociación vecinal presentó un escrito firmado por 151 personas residentes en el que reclama una solución a las humedades, atascos en las bajantes y cubiertas. Dos años después, la entidad y la FRAVM lograron un compromiso de la AVS para sustituir los tejados, resolver el problema de bajantes y sanear los bajos de los edificios. Compromiso que fue anunciado a los cuatro vientos en marzo de 2020 por el Gobierno regional.

Sin embargo, recuerda la asociación en su escrito al Defensor, “como la AVS había vendido alguna de las viviendas a sus inquilinos ha utilizado la excusa de que se tenían que formar comunidades de propietarios por portal y una mancomunidad general para aprobar las obras necesarias dejando la tramitación en manos de los propietarios individuales, a pesar de que la AVS sigue siendo propietaria de más del 80% de las viviendas”. Finalmente, “en 2022 -continúa el colectivo- se llegó a un nuevo compromiso para que fuese la AVS la que iniciase todo el proceso de formación de la mancomunidad y llevar a cabo en el plazo más breve posible lo comprometido en 2019. En un mes se nos remitiría el presupuesto de la obra en su conjunto” recuerda el colectivo. La promesa se realizó el pasado verano. Pero desde entonces, a pesar de que los propietarios particulares han mostrado su disposición a formar parte de la mancomunidad requerida, “la situación sigue igual” y los afectados y afectadas no han vuelto a recibir información alguna de la Comunidad de Madrid.