Víctimas de tortura presentaron nuevas querellas contra decenas de agentes  y fuerzas de seguridad de la dictadura franquista por crímenes de lesa humanidad

Varias víctimas del franquismo han presentado cuatro nuevas querellas contra más de 30 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por delitos que van desde la lesa humanidad al asesinato y la tortura de represaliados por la dictadura. Así lo ha anunciado este martes la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Cequa), que agrupa a personas que llevaron sus causas a la justicia argentina. 

Los casos denunciados sucedieron en la primera mitad de la década de 1970 y son el asesinato del dirigente político de la Unión do Povo Galego (UPG) Moncho Reboiras y las torturas sufridas por Vicent Almiñana, María Concepción Edo Gil y Julio Pacheco Yepes. 

Los miembros de Cequa acusan de estos actos a agentes de la Guardia Civil, de la Policía y de la Brigada Político-Social (la policía política secreta del franquismo). Uno de los agentes incluidos es el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

«Persecución y violencia»

Según la querella presentada contra 26 agentes de policía en los juzgados de instrucción de Ferrol (A Coruña) por su hermano Manuel, Moncho Reboiras murió en la madrugada del 12 de agosto de 1975, con 25 años, a consecuencia de los disparos recibidos la tarde anterior.

Un operativo policial acudió al piso en el que Reboiras llevaba a cabo «trabajo político sindical» junto a otros compañeros, ante lo que el joven intentó huir por el tejado. De acuerdo al relato, los agentes «le intimidaron con varios disparos al aire, de los cuales tres le alcanzaron en la espalda». Pero la versión dada en aquel momento a la prensa por la Policía fue que se trató de un «enfrentamiento armado-suicidio».

En 2009, el Ministerio de Justicia acreditó mediante un certificado de declaración de reparación a la familia que Moncho Reboiras «padeció ilegítimamente persecución y violencia» como consecuencia de su «defensa del movimiento sindical y de su militancia política nacionalista».

Torturas por militancia política y sindical

Por su parte, las querellas de Concepción Edo, Julio Pacheco y Vicent Almiñana, representado por su hijo Ausiàs Alminyana, denuncian «torturas en contexto de crímenes de lesa humanidad» sufridas por su militancia política y sindical.

Pacheco, entonces estudiante universitario y miembro del Partido Comunista, fue acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.

Durante tres días de lo que Pacheco califica como «secuestro», agentes de la Brigada Político-Social, entre ellos el excomisario Villarejo, recuerda, lo sometieron a torturas para que se «autoinculpara».

Edo, detenida a los 19 años durante una huelga de Motor Ibérica, estuvo ingresada en el hospital durante 20 días por las palizas de los agentes de policía de Pamplona, que le desplazaron la vejiga y el útero, la apuntaron con una pistola y le profirieron insultos vejatorios y sexuales.

Finalmente, Alminyana denuncia que su padre Vicent, de entonces 18 años, fue «objeto de malos tratos, golpes, insultos y amenazas«, acusado de formar una agrupación de las juventudes marxistas-leninistas.

Todos ellos, además, permanecieron varios meses en la cárcel tras las torturas sufridas en el momento de su detención.

Esperan que la nueva ley facilite los trámites en España

Los querellantes esperan que con la nueva Ley de Memoria Democrática estos cuatro casos de crímenes del franquismo «se puedan juzgar en España» y no tengan que recurrir a la justicia internacional como hasta ahora.

Antes de estas denuncias, Ceaqua había presentado más de 80 querellas, todas ellas inadmitidas a trámite por la justicia española y trasladadas a instancias internacionales.

«Lamentablemente, la amnistía, el silencio y el olvido han caracterizado la respuesta del Estado español a la hora de abordar su pasado», ha señalado Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España. 

*Con información de Agencias.