El movimiento indígena de Ecuador rompe diálogo con el Gobierno

Tras más de 10 horas de debates en el Consejo Ampliado de la organización, su líder Leonidas Iza dio lectura a las resoluciones aprobadas por el colectivo, que sugirió al mandatario “por dignidad” dar un paso al costado ante las denuncias de presunta corrupción y nexos con el narcotráfico.

En medio de ese escándalo, la Conaie exhortó a la comisión parlamentaria que investiga el caso aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos correspondientes para dar paso al juicio político contra el gobernante.

Asimismo, el movimiento se declaró en alerta frente a cualquier acto o decisión dictatorial del presidente y alertó que de ocurrir algo así de manera inmediata convocarán a un levantamiento y paro nacional.

De acuerdo con Iza, el Ejecutivo incumplió la mayoría de los acuerdos pactados en las mesas de negociaciones establecidas a raíz del histórico paro de junio de 2022.

A pesar de abandonar la mesa de seguimiento de los acuerdos pactados con el Ejecutivo, la Conaie ratificó la demanda de los 10 puntos sostenidos durante el paro de junio y se declaró en movilización y asamblea permanente.

Iza comentó que participarán el 8 de marzo en Quito en la jornada de movilización por el Día Internacional de la Mujer y el 28 de marzo en la entrega al Legislativo de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos.

Existía gran expectativa en Ecuador por la decisión de la Conaie en medio de la crisis política existente en esta nación sudamericana.

Si bien descartaron por ahora un paro general, advirtieron que mantendrán acciones en diferentes territorios contra las políticas neoliberales del Gobierno.

Entretanto, el Frente Popular (FP), que agrupa organizaciones sindicales y estudiantiles, anunció este viernes que implementarán acciones como mítines y plantones en todo el país desde el próximo 1 de marzo.

También la Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió la renuncia de Guillermo Lasso a la presidencia y recomendó a la Asamblea Nacional que de no hacerlo se activen los mecanismos constitucionales debidos para establecer un juicio político.

Luego del revés de Lasso y la derecha en las elecciones seccionales y el referendo constitucional el pasado 5 de febrero, el rechazo al mandatario supera el 85 por ciento de la población, de acuerdo con datos de la encuestadora Perfiles de Opinión.