Capturan a presuntos asesinos de líder hondureña Lesbia Yaneth Urquía

Fuerzas de seguridad de Honduras capturaron a tres hombres que serían los autores intelectuales y materiales del asesinato de la líder ambientalista Lesbia Yaneth Urquía, el pasado día 6 en el occidente del país.

Los presuntos autores de Urquía fueron identificados como Manuel Orlando López Ortiz, José Adán Rivera Pérez y un hermano de este último, menor de edad, añadió el informante.

Según el informe preliminar, Manuel Orlando López Ortiz era cuñado de Urquía, quien era simpatizante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuya coordinadora general era la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo pasado.

Las autoridades también tienen información en el sentido de que López Ortiz incluso habría cargado el ataúd con los restos de Urquía el día de su sepelio.

Urquía fue hallada muerta un día después de haber salido en bicicleta de su casa en la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, limítrofe con El Salvador, según dijeron entonces sus familiares.

Informes de medicina forense indicaron tras su hallazgo que tenía lesiones en su cabeza propinados con objeto contuso.

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El arma que habrían utilizado los autores del crimen sería un machete que fue hallado por los cuerpos de seguridad en la denominada Operación Marcala, coordinada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.

En la operación también participaron elementos del Décimo Batallón de Infantería con sede en Marcala, añadió el informante.

La bicicleta de Urquía también fue encontrada en su momento en una hondonada cerca de un basurero público donde los autores del crimen dejaron el cuerpo de la ambientalista, que además era una pequeña empresaria en Marcala.

La muerte violenta de Urquía fue repudiada a nivel nacional e internacional y diversos organismos han exigido al Gobierno de Honduras que se investigue el caso y castigue a los culpables.

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Desde que se supo del asesinato de Urquía, el Ministerio Público anunció que se había integrado un equipo especial para investigar el caso.

Durante el velatorio de Urquía, una de sus tres hijos enfatizó que su madre no era activista del COPINH, como algunos sectores quisieron dar a entender.

Añadió que solamente era “simpatizante” del COPINH, que acusa al Gobierno de Honduras por su muerte, y que ella acompañaba iniciativas en defensa del ambiente y los recursos naturales.

Por su parte, Cáceres, quien además se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de Honduras, porque en su opinión contaminaban los ríos y causaban otros daños ambientales en las comunidades indígenas y el país en general, fue asesinada el 3 de marzo.

Cáceres estaba en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, cuando fue asesinada a tiros.

El único testigo del crimen es el también ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres.

Hasta ahora las autoridades hondureñas han capturado a cinco hombres, uno de ellos empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico, quienes serían los autores intelectuales y materiales del asesinato de Cáceres.

La comunidad internacional sigue exigiendo a las autoridades de Honduras el esclarecimiento del crimen contra la líder indígena..

En contexto

Lesbia Urquía, quien era madre de tres hijos, fue hallada muerta la tarde de este miércoles en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero de Marcala, municipio donde vivía en el departamento La Paz. 

Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Organización No Gubernamental Global Witness con sede en Londres.

El informe titulado ¿Cuántos más? señala que en 2014 ese país fue el que registró más asesinatos de defensores del ambiente en todo el mundo.

De las 116 muertes de ambientalistas documentadas en 2015 (un número que puede ser mayor), casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.

En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 ocurrieron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño.