Sin apoyo comisión parlamentaria para investigar golpismo en Brasil

El portal R7 asegura que hasta el viernes fue el plazo para reunir respaldo y el pedido llegó a recibir el aval de 38 senadores, pero cayó a 15 después de la toma de posesión de los nuevos representantes y la retirada de algunos convencidos.

Las rúbricas de legisladores que no están en mandato no fueron contabilizadas por la asamblea senatorial.

Según el sitio, la actuación del Gobierno federal, que ofreció cargos y enmiendas parlamentarias a los senadores que no apoyaran la iniciativa, resultó decisiva.

La idea de crear la CPI partió de la senadora Soraya Thronicke, quien reunió en enero el número necesario de signaturas.

Llegó a presentar una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, determinara la apertura de la junta de indagación.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está en contra de la CPI y hasta el fundador del Partido de los Trabajadores criticó el intento de apertura de la comisión.

Senadores de la base de Lula llegaron a refrendar la solicitud de Thronicke en enero, pero luego cambiaron de evaluación.

El entendimiento es que una CPI puede servir de escenario para la oposición y como instrumento de congresistas adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro para predicar alguna responsabilidad del gobierno petista en el caso.

La demanda de la CPI tiene como objetivo investigar los ataques a los edificios de los Tres Poderes perpetrados el 8 de enero, en Brasilia.

Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, grupos radicales partidarios de Bolsonaro protagonizaron acciones antidemocráticas.

En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.

Por los hechos, la Policía Federal (PF) cumplió el viernes 46 órdenes de búsqueda y captura, y 32 órdenes de detención preventiva en nueve estados y el Distrito Federal.

Fue la octava fase de la denominada Operación Lesa Patria, que investiga a personas que participaron, financiaron o se omitieron en las embestidas golpistas.

De acuerdo con la PF, los crímenes investigados son de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.

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