‘Por Andalucía’ critica a la Junta por “gestionar el turismo como una empresa privada” sin atender al impacto de la “turistificación” en las ciudades o el medio

En palabras de la parlamentaria andaluza por Sevilla, la Junta de Andalucía “no se preocupa por elevar la ratio de calidad de nuestro turismo” ni atiende el “durísimo impacto” que la “turistificación masiva» de nuestra tierra está teniendo sobre “las ciudades, los comercios de cercanía, el precio de la vivienda, la precariedad laboral o nuestro entorno natural”.

Esperanza Gómez ha recalcado que “el turismo es el motor de la economía andaluza y precisamente por eso se debe vigilar su calidad, fomentar que su impacto sea positivo y sobre todo que cumpla niveles de responsabilidad social, laboral, ecológica y económicamente, ajustados al tiempo y la sociedad que vivimos”.

Si no se “cuida”, avisa la también coportavoz federal de Más País, “se corre el riesgo de perder potencial cultural, paisajístico o antropológico y, en definitiva, perder competitividad internacional” porque “en el segmento del turismo de playa y alcohol barato nos puede ganar cualquier otro mercado y además del nefasto impacto que provoca no deja réditos suficientes”.

A juicio de Esperanza Gómez es “urgente ordenar y unificar criterios” con una legislación autonómica la proliferación de pisos y apartamentos turísticos en nuestras ciudades, “actualmente sin control”, que hace que los precios del alquiler o la compra de viviendas para la población autóctona estén en términos inalcanzables.

Del mismo modo cree necesario “controlar los horarios de apertura y la ‘gentrificación’ e intrusión comercial” de cadenas multinacionales y franquicias en nuestros barrios, pues “abocan al fracaso a nuestro comercio de cercanía y a muchas actividades tradicionales” que o bien cierran o bien se ven obligadas a trasladarse, con la consiguiente pérdida de empleo y generación de riqueza apegadas al territorio.

Por último, como otros dos grandes handicaps en la gestión turística de la Junta de Andalucía, también identifica Esperanza Gómez su “inacción contra el fraude laboral y las condiciones inhumanas que sufren muchos trabajadores y trabajadoras del sector”; y los “continuos intentos de desregulación de leyes y reglas” para promover “pelotazos urbanísticos” que van “contra el sentido común y tengan contra nuestro medio ambiente”.