La futura ley de protección del secreto profesional del Periodismo lleva cuatro meses paralizada en el Congreso

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT lamentan que el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados dijeron que iban a apoyar, se encuentre paralizado y en peligro de decaer debido a que ningún grupo de la Cámara ha intervenido para que continúe su tramitación.

El pasado 13 de diciembre, esta ley fue introducida como una enmienda in voce del Grupo Socialista en el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya tramitación ya se encontraba muy avanzada. Las organizaciones citadas consideraron que esa era la vía más adecuada para ahorrar informes y agilizar su tramitación, lo que permitiría que pudiera ser debatida y aprobada probablemente en marzo de 2023.

Al ser una ley de carácter orgánico, la Mesa del Congreso acordó al día siguiente desglosarla de la ley de carácter ordinario en la que había sido introducida como enmienda, para continuar su tramitación separada. El PP y Vox se opusieron a ese desglose, pero la Mesa rechazó la petición de los populares de reconsiderar su decisión porque eso se ha hecho con otras leyes y no es necesario que todos los grupos presentes en una comisión lo acuerden por unanimidad, sino que basta la mayoría.

Desde el 14 de diciembre, hace ya cuatro meses, el proyecto de ley está parado en la Comisión de Justicia del Congreso pendiente de informe. La FAPE, CCOO, UGT y la FeSP -estas tres últimas, en representación del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)- muestran su preocupación porque ni el PSOE, que preside esa Comisión, ni ninguno de los demás grupos haya planteado desde entonces ninguna iniciativa para que continúe su tramitación.

Con este proyecto de ley se cumple el mandato del artículo 20 de la Constitución, con 44 años de retraso. Es una ley que no provoca ninguna polémica política ni implica coste alguno, por lo que todos los grupos con los que se reunieron las organizaciones citadas el año pasado expresaron su intención de apoyar su tramitación. Pese a ello, la falta de interés que han demostrado todos hará que, muy probablemente, no pueda ser aprobada antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.