Salvemos Doñana proyecta movilizar a la ciudadanía ante el despropósito de la propuesta de ley sobre Doñana y los regadíos

La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido una reunión ayer para retomar el trabajo en defensa de Doñana frente a las propuestas y proyectos que amenazan su integridad. En este caso, la misma propuesta iniciada por el Gobierno andaluz en 2022, que decayó por la cercanía de las elecciones autonómicas, ha sido desempolvada recientemente con clara intención electoralista, poniendo en riesgo nuevamente la integridad y los valores de Doñana.

Se trata de una iniciativa legislativa muy contestada ya en su primera versión de 2022, que se ha puesto de nuevo en marcha hace un mes y medio por la vía rápida y con la connivencia del Gobierno andaluz. Con ello, la Junta de Andalucía has soslayado las obligaciones legales de transparencia y participación pública. Además, la Junta ha ninguneado al Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana y su potestad de información facultativa, donde están representadas todas las entidades relacionadas con el espacio protegido. La propuesta es tan inapropiada y desatinada que hace caso omiso al informe demoledor presentado por la estación Biológica de Doñana (CSIC) sobre el estado de Doñana, a las recomendaciones de la Unesco y la Convención de Humedales Ramsar, e incluso a las advertencias en forma de sanciones y multas que la Unión Europea hace a nuestro país por el incumplimiento de los requisitos de conservación en la gestión del espacio natural.

La denominada “propuesta de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”, fundamentalmente, propone transformar en agrícola de regadío los terrenos que incumplían los requisitos necesarios para ello cuando se puso en marcha el Plan de la fresa de Doñana y fueron por ello excluidos, pretendiendo ahora que esos terrenos puedan obtener “derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”, como expresa literalmente la propuesta de ley. Es decir, evidentemente, hace que los cultivos de secano sin derechos de agua se transformen a regadío, pudiendo solicitar el agua necesaria, cuya concesión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, acaba de cerrarse en diciembre pasado el proceso participativo para hacer alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir para el periodo 2023-2027 y la Junta de Andalucía ni el Partido Popular, proponente de esta nueva ley, realizaron las alegaciones pertinentes para considerar este incremento de solicitudes de agua que se produciría con la legalización de todas hectáreas de secano como superficie regable. Al no haber agua y con el cambio climático y sus efectos evidenciados en la falta de lluvias y el aumento de temperatura, estas alegaciones probablemente no habrían prosperado. Por ello, es evidente que no se busca solucionar el problema de la agricultura de secano ni la extracción ilegal de agua o el exceso de demanda de agua, sino pasar el problema a otra Administración que no podría solucionarlo, con lo cual no se beneficia a Doñana, pues los pozos ilegales seguirán funcionando de todas todas, y, lo que es más, podría desencadenar en la comarca un conflicto social, económico y ambiental aún mayor.

Por otra parte, los terrenos que han tenido uso forestal de ciclo corto, eucaliptal mayoritariamente, que se elevan a un número considerable de hectáreas, podrían ser deforestados y pasar a regadío. Todo esto, además de contravenir la política europea de no consumir productos agrícolas en territorio comunitario procedentes de la deforestación, puede suponer una multiplicación del valor de la hectárea de suelo, pudiendo dar lugar a una especulación incontrolada, contra la cual no existen mecanismos legales ni administrativos que puedan evitarla.

La Junta de Andalucía persiste en la negativa de retirar la proposición de ley antes de las elecciones municipales, hacer público y ejecutar el plan de extracciones anual, emplazar a todos los actores implicados -sociales, económicos, científicos, técnicos, jurídicos, ciudadanos, tomadores de decisiones, etc- al debate, la búsqueda de alternativas y el consenso. Todo ello ha sido solicitado, tanto por el Consejo de Participación de Doñana, como por otras entidades, como gesto del actual Gobierno andaluz de que verdaderamente no se trata de una medida electoralista; de que verdaderamente, lo que importa es conservar Doñana y sus valores como marca de garantía de las cosas bien hechas en el ámbito laboral, ecológico, social y jurídico. Se demuestra así que, mientras el presidente de la Junta de Andalucía repite el mantra de su revolución verde, la política andaluza no solo dista de ser verde, sino que, además, no se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Por ello, las entidades que actualmente forman parte de la Plataforma Salvemos Doñana prevén desarrollar un completo plan de actuaciones para ofrecer a la ciudadanía espacios para su participación en la defensa de Doñana y de protesta ante esta torticera propuesta de ley. Por una parte, se van a realizar jornadas de información y debate en los municipios afectados por el problema del exceso de regadíos y de extracción de agua, así como varios actos de performance en la ciudad de Huelva. Por otra, se va a organizar un acto de rechazo que se espera llegue a ser multitudinario, en el que será vital la participación de todas las personas que sientan Doñana como una joya protegida propia, venidas de cualquier lugar con el ánimo de reclamar justicia real, posible y duradera para Doñana y las poblaciones de la comarca. Además, se iniciará una ronda de contactos con entidades de diversa índole al objeto de aunar voluntades en la defensa de Doñana, así como otras actividades de naturaleza institucional.

La Plataforma Salvemos Doñana y las entidades adheridas confían en que la importante parte de la ciudadanía que considera que Doñana es un símbolo común a preservar y que actuará contra esta propuesta destructiva irreversible, sirva al Gobierno andaluz de freno. “Reclamaremos otra forma de hacer las cosas, con participación, debate y consenso, con una visión de trabajo integradora para Doñana y que la actividad económica agrícola de buenas prácticas tenga cabida con las demás actividades, para proveer de un futuro a sus habitantes sin mermar la fuente de recursos finitos que constituye este espacio natural protegido tan altamente valioso, singular y vulnerable”.