La Ley del Suelo de Cifuentes suprime las reservas de suelo para construcción de vivienda pública social

El proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, aprobado por el Gobierno regional, no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) califican el proyecto de Ley de antisocial porque desprecia la situación de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid.

La Ley del Suelo vigente, en la Comunidad de Madrid se aprobó en 2001. El texto original, en su artículo 91, obligaba a los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos a ceder suelo a la Comunidad de Madrid para la construcción de vivienda pública o de integración social. Era el suelo sobre el que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), construía las viviendas del parque público.

Nueve años más tarde, la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, modificó el artículo 91 de la Ley del Suelo. Por una parte eliminó la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid para construir viviendas públicas y además trasformó estas cesiones en bienes patrimoniales. Es decir, convirtió las viviendas y el suelo propiedad del IVIMA en bienes enajenables. Con anterioridad a esta modificación estaban calificados como bienes demaniales y no se podían vender.

Tras la modificación de la calificación jurídica de las viviendas y el suelo, entre 2012 y 2013 el IVIMA vendió a fondos de inversión 2.935 viviendas sociales del parque público (aunque hay fuentes que elevan esta cifra a más de 5.000 viviendas). Actualmente el que fuera Director Gerente del IVIMA, Juan Van-Halen, responsable de estas ventas, está siendo investigado por un juzgado de Madrid. Precisamente las familias afectadas por esta operación se concentrarán este sábado, 10 de junio, a las 11:30 ante el Gobierno regional, en la Puerta del Sol, en defensa del carácter público de sus viviendas.

El proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, aprobado el pasado 4 de abril por el Gobierno regional, y que se encuentra en tramitación en la Asamblea de Madrid, no recupera la obligación que tenían los promotores de ceder suelo gratuito y urbanizado a la Comunidad de Madrid para construir vivienda de protección social. Y además, la Disposición Transitoria Décima, suprime las reservas de suelo, establecidas con anterioridad a la eliminación de esta obligación, en los sectores de suelo urbanizable que aún no se han desarrollado. Estas reservas de suelo vuelven así a manos privadas para construir viviendas en régimen de libre mercado.

La consecuencia es que para incrementar el parque de vivienda pública social, la actual Agencia de la Vivienda Social (heredera del IVIMA) tiene que comprar vivienda privada o suelo privado para construirlas. Así, en 2017, está previsto destinar 14,8 millones de euros para la compra de vivienda a entidades financieras y a la Sareb. En este contexto resulta inexplicable que el proyecto de Ley de Suelo no recupere las cesiones obligatorias de los promotores y además devuelva las reservas de suelo que ya están previstas en los desarrollos de suelo urbanizable.

En una región en la que se producen 18 desahucios diarios, esta medida no tiene justificación, afirman Ecologistas en Acción y la FRAVM, que lamentan la ceguera del Gobierno regional ante la situación de emergencia habitacional que sufre la Comunidad de Madrid. Cualquier legislación urbanística y territorial en la región debería tener como uno de sus objetivos principales el facilitar acceso a una vivienda digna a los sectores sociales más vulnerables (jóvenes, mujeres maltratadas y/o cabeza de familia, parados de larga duración, inmigrantes, etc.).

Ecologistas en Acción y la FRAVM, esperan que la oposición en la Asamblea regional obligue a la recuperación de la obligación de ceder suelo a la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas de protección pública.