Arranca la huelga indefinida del personal funcionario de Justicia y el Ministerio sigue sin voluntad de solucionar el conflicto

Con más de 500.000 juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas, millones de ciudadanos y ciudadanas ven que sus asuntos en los juzgados van a sufrir más demoras y aplazamientos por la huelga indefinida del personal funcionario, que comienza este lunes, mientras el Ministerio de Justicia sigue sin convocar una reunión ni presentar una propuesta al comité de huelga que permita desbloquear la situación. 

Durante esta semana se van a seguir desarrollando concentraciones y protestas en toda España que tendrán como punto culminante la gran manifestación convocada para el próximo 25 de mayo en Madrid. 

CCOO informa de que hoy, en Madrid, más de 1.500 funcionarios/as de Justicia se concentran frente al Ministerio de Hacienda, que no puede mirar para otro lado después de haber autorizado subidas por cerca de 70 millones de euros para incremento lineal en las nóminas de letrados/as de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, dentro del proceso de modernización que impulsa el Ministerio con sus leyes de eficiencia que, por otro lado, también afectan, y mucho, al resto del personal de Justicia. 

El 14 de abril, el comité de huelga presentó al Ministerio cuatro reivindicaciones muy concretas: una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros en función de los Cuerpos (que responde a una propuesta clara de mejora de la Administración de Justicia, a través de la definición de las funciones que cada uno debe realizar en la tramitación de los procedimientos) y la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa que, sin el concurso del personal funcionario actualmente en huelga, será un nuevo fracaso. Además, el comité de huelga reivindicaba el impulso para la implantación de la carrera profesional y la reducción de los grupos de población a uno solo. 

Los sindicatos denuncian que desde el pasado 24 de abril, el Ministerio de Justicia no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para solucionar el conflicto y sigue haciendo oídos sordos a las movilizaciones y jornadas de huelga que hemos realizado, con paros parciales de tres horas, inicialmente del 17 al 25 de abril, y con jornadas completas de huelga los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.

Iniciamos esta semana con huelga indefinida con un seguimiento sostenido de más de un 85% de las plantillas, según los sindicatos, lo que ha provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones procesales, llevando a la Administración de Justicia a un «colapso absoluto cuyos únicos responsables son los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, que siguen dando un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituimos los cuerpos generales y especiales», apuntan desde CCOO.

Desde el sindicato CCOO exigen «nuevamente al Gobierno la presentación al comité de huelga de una oferta económica para la subida del complemento general del puesto de los 43.000 funcionarios y funcionarias en huelga y el inicio inmediato de su negociación para la modificación pactada de la LOEO, así como del resto de las reivindicaciones presentadas el pasado 14 de abril, como la carrera profesional y la reducción de grupos de población.»

«Si no se produce esta rectificación por parte de los ministerios de Justicia y Hacienda, serán ellos -y por extensión el Gobierno de España- los responsables del perjuicio al servicio público y a la ciudadanía y profesionales, por seguir ninguneando a la inmensa mayoría del personal al servicio de la Administración de Justicia, al contrario que al colectivo privilegiado por estas medidas clasistas que representan magistrados/as, jueces, fiscales y letrados/as de la Administración de Justicia, con quienes ha negociado y alcanzado acuerdos.»

CCOO y el resto de sindicatos se preguntan «por qué acuerdan subidas retributivas lineales para LAJ, jueces y fiscales y se las niega al resto de personal que pide estas subidas en reconocimiento de las funciones que efectivamente realizan, dado que todos y todas, sin excepción, somos imprescindibles para este servicio público. Por qué incumplen la Ley negándose a negociar las condiciones de trabajo que se quieren deteriorar a través de la Ley de Eficiencia Organizativa y por qué se niegan a incluir en la negociación cuestiones como la carrera profesional y la reducción de grupos de población que sí incluyen en sus acuerdos con letrados/as, jueces y fiscales.»