Yolanda Díaz y ministras de Trabajo latinoamericanas abogan por una Internacional Laborista que defienda una Carta global de Derechos Laborales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado hoy en Madrid un encuentro de ministras iberoamericanas de Trabajo en el que se han abordado los avances logrados y los desafíos que se precisan afrontar en un contexto de grandes transformaciones en el mundo sociolaboral.

Las ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Raquel Cecilia Kismer, junto con sus homólogas de Colombia, Gloria Inés Ramírez Ríos, y de Honduras, Sarahí Cerna, han acompañado a la vicepresidenta Díaz en este encuentro, en el que se han analizado asuntos como la igualdad de género, la defesa de los derechos laborales desde un enfoque inclusivo apostando de forma decidida por la no discriminación, así como la defensa del trabajo decente, se erigen como pilares indispensables para adaptar los mercados laborales a los retos que van a definir su futuro y que suponen grandes transiciones como la ecológica y la digital.

Díaz ha explicado que los cuatro países tienen en común que han tomado medidas para avanzar hacia una Iberoamérica más integrada, más social, más verde, más feminista y más democrática en el trabajo. “Los retos del mundo actual hacen necesaria una nueva internacional laborista, con los países de Iberoamérica al frente, que ponga el acento en las políticas de igualdad y diversidad o en una digitalización con derechos”, ha asegurado la vicepresidenta, que ha señalado la intención de fijar ese compromiso en una Carta global de Derechos Laborales, que articule y blinde la protección de los trabajadores.

Es por ello que se ha reforzado la cooperación en materia sociolaboral con
los países del continente americano y se han lanzado dos redes iberoamericanas para incrementar la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo y las Inspecciones de Trabajo. Además, se han firmado acuerdos con Colombia, Brasil o México y se ha intensificado la cooperación con Argentina, Honduras o Chile.

Con medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional, mayor protección asistencial, así como de más y mejor protección de los derechos laborales, las cuatro ministras han ido propiciando en sus respectivos países avances hacia un mercado laboral que se verá indefectiblemente marcado por el cambio climático y los avances tecnológicos.

Todas ellas han abogado, además, por incluir la perspectiva ambiental a las negociaciones con los agentes sociales, fomentando la negociación colectiva verde, a fin de hacer frente a la emergencia climática sin menoscabo de derechos para las personas trabajadoras.

Al respecto, la vicepresidenta ha manifestado que le gustaría afrontar el cambio climático como se luchó para hacer frente a la crisis económica y social generada por la pandemia creando empleo verde, ampliando derechos sociales y protegiendo a quién más lo necesita. “Lo hemos hecho frente a la peor pandemia en un siglo, lo hemos hecho frente a las consecuencias de la Guerra de Ucrania y lo vamos a hacer contra la crisis climática”, ha insistido Díaz.

El progreso tecnológico puede convertirse además en un arma de doble filo si finalmente acaba fomentando brechas, discriminaciones o desigualdades, motivo por el que las ministras han defendido la adopción de medidas regulatorias que no precaricen a las personas trabajadoras.

La vicepresidenta Díaz ha puesto como ejemplo de ello la conocida como ley Rider, que presume la existencia de un vínculo laboral entre las personas dedicadas al reparto y las plataformas digitales que las emplean.

“La inteligencia artificial y los algoritmos tienen que estar al servicio de las personas trabajadoras y, en definitiva, la tecnología debe ser una herramienta en manos de las personas y no al revés”, ha insistido la vicepresidenta.