Es imprescindible frenar el avance de la desertificación y las sequías en España

En 1996 se firmó el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Actualmente, más de la mitad del territorio español está sometido a procesos de erosión preocupantes. Existe una pérdida total anual de suelo de 1.156 millones de toneladas. Si se tiene en cuenta que la tasa de formación de suelo varía entre dos y 12 toneladas por hectárea y año, se hace evidente la magnitud del problema. Las zonas más afectadas se encuentran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Levante y Murcia.

Uno de los principales factores que desencadenan esta situación es la elevada explotación que existe sobre los recursos hídricos y la reducción de los mismos a causa del cambio climático. Ambos elementos están conduciendo a una situación de colapso hídrico en una buena parte del territorio español y al avance de la desertificación. El cambio climático ya está reduciendo considerablemente la disponibilidad de agua en los ríos y acuíferos.

En el informe ‘Consecuencias del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en España tras la firma del Acuerdo de París’ se refleja cómo el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones ha causado la reducción media de un 20 % del agua que va a parar a los cauces de nuestros ríos. La planificación hidrológica no solo no actúa acorde a esta situación sino que contempla un incremento neto del consumo de un 10 % más de agua, principalmente por la mayor extensión de superficie dedicada al regadío.

No es el único factor que agrava la sequía y desertificación, la sobreexplotación de ríos y acuíferos, hay que sumar la contaminación química, la pérdida de cubierta vegetal a causa de los incendios forestales, las grandes infraestructuras de transporte que fragmentan y deterioran el territorio y el turismo de masas, entre otros causantes.

En este escenario es imprescindible actuar con rapidez y poner en marcha las medidas necesarias para impedir el avance de este problema. Por un lado, exigir políticas de protección específica del suelo frente a las amenazas que deterioran su adecuada conservación. Un buen primer paso es firmar la Iniciativa Ciudadana Europea People for Soil, que con el lema «Sin un suelo sano y vivo, no hay futuro» recaba los apoyos necesarios para aprobar una ley que garanticen un suelo sano y fértil.

Por otro lado, las políticas hidrológicas se deben dirigir a frenar la excesiva demanda hídrica e incluso a reducir la superficie destinada a los cultivos de regadío hasta un máximo de entre tres a 3,2 millones de hectáreas (actualmente hay cuatro millones). También es necesaria la puesta en marcha de medidas como la restauración de la vegetación autóctona o la reincorporación de materia orgánica a los suelos que permita paliar este déficit hídrico y mejore la capacidad de los ecosistemas para frenar la erosión y desertificación.