Patinazo sindical sin precedentes: la patronal del sector eólico, Greenalia y altos cargos del PP marcan el camino a seguir de la Federación de Industria de CCOO Galicia, que carga contra sentencias judiciales y defensores del medio ambiente

Para la Federación de Industria de CCOO Galicia «no solo se paralizan parques eólicos vinculados a proyectos industriales, sino que se amenaza la seguridad jurídica de cualquier proyecto económico con necesidad de declaración de impacto ambiental que pudiera plantearse en Galicia«, cargando contra las entidades de defensa medioambiental que están logrando la paralización efectiva de determinados proyectos de parques eólicos tras la presentación de informes que constatan numerosas irregularidades.

Para la sección sindical, que en la práctica y de manera sorprendente se ha alineado con los intereses del empresariado eólico, las grandes energéticas y altos cargos del PP desde la Xunta, la situación actual «supone una agresión contra los intereses de la inmensa mayoría de la clase trabajadora gallega».

LOS JUECES EXIGEN INDEPENDENCIA A SU TAREA Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO

Frente a estas polémicas acusaciones y a través de una comunicación oficial del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), reunida en comisión, se ha visto en la obligación de recordar que la independencia judicial «es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia» y que el respeto a las decisiones judiciales «es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones». El ente recuerda en este sentido a quienes estén disconformes con las resoluciones de los tribunales tienen a su disposición todos los medios «que les garantiza la legislación procesal».

En la misma línea ha actuado la reconocida asociación «Juezas y Jueces para la Democracia» al afirmar en un comunicado que aunque «la crítica o valoración a las resoluciones judicial es legítima» las manifestaciones realizadas al respecto por quienes pretenden beneficiarse de este tipo de proyectos industriales desgranan «un escenario falso» y han optado por «el ataque personal a un órgano judicial entero» por sentencias que no les han sido favorables.

La entidad judicial recuerda que «en los últimos tiempos fueron impugnados ante los tribunales diversos actos administrativos dictados en relación con la instalación de parques eólicos» y «el TSXG tuvo que resolver si la Administración había respetado en la tramitación las normas y leyes vigentes», tal y como se le supone a la función de los tribunales como «una garantía básica de la ciudadanía frente al poder económico, pero también frente al poder político».

Para el colectivo jurídico hay que tener presente que «el papel de los tribunales es la aplicación de la Ley, también contra las decisiones de la Administración que, cuando menos en parte, es responsable de la producción de normas aplicables a los casos» pues «una vez dictada una norma, también la Administración está vinculada en su proceder a ella y a la interpretación que los tribunales hagan de la misma». Por ese motivo ningún responsable político puede «atribuir la causa de la inseguridad jurídica a las decisiones de los tribunales» dado que «es en el ámbito político en el que se deben decidir las normas, pero los responsables políticos están vinculados a ellas y son ellos los que deben evitar, precisamente, que los tribunales tengan que corregir sus actuaciones por inobservancia de los procedimientos».

Juezas y Jueces para la Democracia considera lamentable que se se hayan producido manifestaciones «que no aportan argumentos jurídicos sobre el fondo sino calificaciones personales» en lo que supone «un ataque frontal a la independencia judicial» en un comportamiento inaceptable en el que «un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos pretende que un tribunal mude de criterio al margen de las vías legales o, cuando menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener una respuesta más beneficiosa a sus intereses«. Para el colectivo, en este sentido, «es el momento de reclamar a la Xunta que evidencia que, comparta o no la interpretación que hacen los tribunales de las normas, comparte que su posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder Judicial» porque «cualquier otro comportamiento, actitud o mensaje será incomprensible» a nivel social.

Fuente: rebeldes.info