FACUA pide al PSOE que deje el postureo de la abstención y vote no al CETA para defender a la ciudadanía

FACUA-Consumidores en Acción pide al PSOE que abandone el postureo de la abstención y vote no al CETA si realmente quiere optar por defender los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes multinacionales.

Junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, FACUA ha remitido una carta a los grupos parlamentarios para pedirles que voten no al CETA en la votación que tendrá lugar el próximo 29 de junio en el Congreso de los Diputados.

La asociación recuerda al principal partido de la oposición que si se abstiene, como ha anunciado Pedro Sánchez, permitirá que España apoye un tratado de corte neoliberal que será enormemente perjudicial para los consumidores y las pymes españolas.

FACUA advierte de que abstenerse en la votación en el Congreso supone apoyar al CETA, que es lo que ha hecho el PSOE hasta la fecha. Por ello, espera que la formación sea consecuente los mensajes críticos sobre el contenido del tratado que tanto Sánchez como, de forma mucho más contundente, su nueva presidenta, Cristina Narbona, están trasladando a la opinión pública en los últimos días.

El CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus siglas en ingléspretende una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de los consumidores.

Aprobado en febrero en la Eurocámara

Su aprobación en el Parlamento Europeo el pasado febrero permite la entrada en vigor parcial del tratado la próxima primavera, mientras transcurre el proceso de ratificación del mismo por todos los Estados miembro. Tanto los europarlamentarios del PP como los del PSOE votaron a favor del TTIP canadiense.

FACUA vuelve a mostrar su más profundo rechazo al CETA, un tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014 y que ahora debe ser ratificado por los miembros de la UE, que con la excusa de eliminar aranceles esconde una rebaja en los estándares de calidad y la merma en la soberanía popular, que reside en los gobiernos locales, autonómicos y nacionales.

Así, la organización insiste en que el tratado no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.

Para FACUA, es escandaloso que las partes que han negociado el CETA, esto es, la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá, valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Desregulación, pollos bañados en cloro, carnes hormonadas, etc

Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en otras regiones del mundo, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA.

Así, si el CETA sale adelante, se permitirá limpiar el pollo o la ternera en cloro antes de ponerlos a la venta, con el consiguiente riesgo para la salud. También se permitiría el uso de hormonas de crecimiento en animales para consumo humano (cerdo, ternera, etc) que actualmente están prohibidas en la UE. Además, se abriría la veda en el uso de Organismos Genéticamente Modificados, los llamados transgénicos, en los productos agrícolas que provocan una alteración de todo el ecosistema en el que interactúan.

Otro ejemplo de lo que puede cambiar con el CETA es la limitación que se impondría a los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales, de género, etc en las licitaciones de prestaciones de servicios públicos. Estas licitaciones pasarían a regirse por criterios únicamente economicistas, que no contemplen otros aspectos a tener en cuenta como los mencionados anteriormente. No se podría fomentar tampoco el desarrollo local favoreciendo a pequeñas empresas o cooperativas locales tampoco, dado que estas tendrían que competir directamente con las multinacionales que por su volumen pueden ofrecer precios más bajos.

Además, el CETA contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, con jueces privados ajenos a los poderes judiciales nacionales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes multinacionales tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarán a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire. Estos sistemas de arbitraje permitirán a las empresas evitar los tribunales ordinarios de cada país.

En España, los parlamentos autonómicos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se han opuesto al tratado tras debatirlo y votarlo.