ACOUGA muestra sorpresa e indignación ante el «lamentable espectáculo» organizado por la patronal eólica en Galicia y critica su falta de respeto a las autoridades judiciales y el Estado de derecho
La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios denuncia la campaña de descalificaciones, mentiras y desinformación ejercida desde el empresariado y organizaciones afines contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recuerda que la agresión mediática está alcanzando también todo tipo de entidades sociales y ecologistas pero también empresas, comunidades de montes y población afectada por cuestionar «el modelo eólico de explotación colonial imperante en Galicia».
Para ACOUGA debido a la pésima gestión territorial del PP al frente de la Xunta, cuyo comportamiento más habitual está siendo el silencio administrativo y a menudo actúa en connivencia con entidades como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la situación ha derivado a un contexto en el que asociaciones, comunidades y personas no tienen otra vía para reclamar sus derechos aparte de la judicial.
Frente a esto la organización de defensa del consumidor ha criticado con dureza la actuación de entidades vinculadas al sector eólico como la AEE y la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (EGA), la Federación Galega da Construcción, pero también la patronal del metal (ASIME) o incluso el área de Industria en Galicia de los sindicatos CCOO y UGT, que a su juicio «están desarrollando una mentirosa campaña de difamación en la que todo vale«.
ACOUGA recuerda a la patronal eólica que las sentencias del TSXG que tanto malestar han causado entre las empresas promotoras se basan en consideraciones objetivas a nivel jurídico, por lo que parece que el barrizal mediático organizado por estos colectivos lo que intenta es torcer las fundamentadas decisiones de los tribunales en un inaceptable intento de «poner a la administración de Justicia del lado de la subjetividad», algo totalmente inviable en un Estado social y democrático de derecho.
RESPONSABILIDAD DE LA XUNTA EN EL CONFLICTO EÓLICO
En relación con las contínuas polémicas que está viviendo el sector en Galicia ACOUGA manifiesta que su origen está en que «la norma general de los polígonos autorizados por la Xunta de Galicia es el fraccionamiento fraudulento«, que se lleva a cabo de esta forma «para evitar un procedimiento de impacto ambiental más riguroso y eficiente» ya que incluso determinados informes son aprobados por el órgano ambiental sustantivo que autoriza la declaraciones de impacto ambiental sin ser suficientemente comprobados y pasando en ocasiones por encima de la legislación europea. Por otra parte, para el colectivo, «también es causa de nulidad administrativa la acumulación de sinergias ambientales entre diferentes parques que, en la práctica, tendrían que constituir un único proyecto», tal y como ha sido reiteradamente señalado en diversas sentencias judiciales.
APUESTA POR UN DEBATE PÚBLICO Y ABIERTO SOBRE LA ENERGÍA EÓLICA EN GALICIA
Frente a la «transparencia» y «rigurosidad» de la que habla la patronal, y que nada tiene que ver con la situación de oscura, chapucera y parcial que se está viviendo en la actualidad ACOUGA reitera su apuesta por un debate público, abierto y con datos objetivos en el que sea posible analizar cómo se están implantando los proyectos de energía eólica en Galicia, ya que en muchos casos las tramitaciones de los mismos se acercan a situaciones que rozan con la prevaricación administrativa.
El colectivo recuerda que no tiene nada en contra de las renovables, pero que el actual sistema «no es justo, ni social, ni legal, ni sostenible, ni ecológico» porque las comunidades afectadas están expuestas a la pérdida de los derechos sobre sus tierras y a un importante quebranto económico de sus propiedades por la desvalorización que originan los parques eólicos. Además, tal como han señalado entidades como el Banco de España, las cifras de empleo de las que habla la patronal son irreales y «no se crean ni de lejos los puestos de trabajo prometidos» por las empresas, enriqueciendo de este modo mayormente a quienes especulan con el territorio.
Por otra parte, para ACOUGA, la tramitación de estos proyectos nada tiene de social «porque se intenta evitar el derecho a la información clara y total en los procedimientos administrativos» ni sostenible porque «no hay una valoración de los daños basada en criterios de desarrollo y protección del territorio» y «solo se piensa en el lucro, perjudique a quien perjudique».
Por estos motivos, la organización de consumidores considera la campaña orquestada desde la patronal eólica y sus adláteres como «un fraude ruin que ataca los valores democráticos de la sociedad y que está basada en mentiras, en desinformación y postulados dictatoriales que solo buscan crear una corriente de opinión» a favor de sus intereses de negocio.
Por tanto, reiteran su apoyo y «absoluto respeto» a las decisiones del Poder Judicial acatando sus sentencias y resoluciones, esenciales en instituciones democráticas y un Estado de derecho.
Relacionado
