La Harvard de Centroamérica
- El triunfo de la Revolución Cubana el primero de Enero de 1959, estremeció profundamente los cimientos psicológicos, económicos, políticos y sociales de todas las elites dominantes de América Latina.
No solo el gobierno de Estados Unidos, sino todas las oligarquías latinoamericanas, pero muy particularmente, las clases privilegiadas de Centroamérica, vieron con profunda preocupación la irrupción en escena de un carismático barbudo y formidable orador que se había hecho del poder en Cuba.
Aunque la reacción tanto del imperialismo como de las oligarquías latinoamericanas ante el triunfo de Fidel Castro en Cuba, fue inicialmente lento, en parte por darse en Estados Unidos una transición de la administración Republicana del presidente Dwight Eisenhower a la Demócrata del joven presidente John F. Kennedy, si el continente comenzó a prepararse para responder al desafío “comunista” de la mayor de las islas de las Antillas caribeñas.
Los ideólogos pasaron de su asombro y sorpresa primero, lo que les tomó meses, a una búsqueda de respuestas y mecanismos que funcionaran como “vacunas sociales” para impedir el contagio del virus de la ideología revolucionaria, en toda América Latina, pero particularmente en Centroamérica.
Aunque la saliente administración republicana del presidente Dwight David Eisenhower, reaccionó tardía y lentamente, la entrante administración demócrata del joven presidente John F. Kennedy fue más amplia y agresiva.
Los estrategas de la CIA, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono diseñaron una estrategia de largo alcance para neutralizar el poderoso ejemplo e impacto que la Revolución Cubana estaba teniendo rápidamente por toda Latinoamérica.
A largo plazo se diseñó la creación de instituciones hemisféricas como La Alianza para el Progreso, un vasto y ambicioso proyecto a escala continental que significó el proyecto social emblemático por excelencia de la administración Kennedy.
Luego se crearon organismos y agencias de contención militar y económicas como el Consejo de Defensa Centroamericana, CONDECA y el Mercado Común Centroamericano, MERCOMUN.
Reveladoramente, antes de la Alianza para el Progreso, antes del MERCOMUN, y aun antes del CONDECA, los ideólogos imperialistas y estrategas nicaragüenses crearon, ante todo, la Universidad Centroamericana, UCA, regentada por la Compañía de Jesús, conocida como la orden de los Jesuitas.
La creación de la hoy extinta UCA en Nicaragua, constituyó entonces, el primer bastión ideológico de contención por parte de las élites dominantes de Centroamérica, en contubernio con la tiranía somocista y el imperialismo norteamericano.
Un grupo de empresarios nicaragüenses, pidió a la orden Jesuita, la Compañía de Jesús fundar la ex UCA. Convenientemente, nombraron como primer rector fundador de la misma, al ex capellán de la Academia Militar de la Guardia Nacional, el sacerdote jesuita León Pallais Godoy, primo hermano nada menos que de los hermanos Luis y Anastasio Somoza Debayle, los cachorros herederos de la tiranía somocista.
Así nace el 23 de Julio de 1961, la Universidad Centroamericana, con la función de evitar que los hijos de las élites dominantes de las paralelas históricas libero conservadoras, tuvieran que codearse con la chusma de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, pero principalmente con la misión de crear una “matriz de opinión ideológica” sometida a los valores del imperialismo norteamericano y neutralizar la poderosa y atrayente ideología que cual rayos resplandecientes, cautivaba a las clases populares de toda la América Latina, pero muy particularmente de Centroamérica.
Finalmente, las élites dominantes de Centroamérica, bajo el liderazgo nada menos que del propio presidente John F. Kennedy, crean el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, bajo los auspicios de la prestigiada universidad de Harvard.
Kennedy era venerado en Estados Unidos y el mundo, como el “hijo de los dioses” que salió del mar para conducir la gran democracia estadounidense. Es indudable que el carisma y las cualidades oratorias de Kennedy eran indiscutibles.
Pero en materia de política exterior e ideología contrainsurgente, Kennedy era un halcón de extrema derecha. A Kennedy le preocupaba mucho el fracaso de la invasión de Playa Jirón, instigada por el exilio cubano batistiano de Miami y el dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle.
El desafío cubano, exacerbado por la crisis de los misiles soviéticos en 1962 (el mismísima dilema que enfrenta Putin 60 años después en Ucrania, obliga al presidente Kennedy a convocar a una cumbre de presidentes de Centroamérica en San José, Costa Rica. La iniciativa del INCAE nace precisamente de esa cumbre centroamericana.
Si la extinta UCA nace como punta de lanza ideológica para responder masivamente y constituirse en muro de contención ante el poderoso mensaje de redención social de los condenados de la tierra en Centroamérica, el INCAE nace con el apoyo del presidente Kennedy, para preparar a los administradores de una emergente y fuerte economía centroamericana, fieles “a los valores éticos de un liderazgo responsable”. Lo cual significaba realmente fieles a las pautas dictadas por una sociedad de consumo capitalista y explotadora.
La UCA se nutre rápidamente, bajo la rectoría del primo de Somoza, León Pallais Godoy y se convierte en un nido político de allegados al régimen somocista. Muchos altos oficiales de la guardia somocista se matriculan en la UCA, destacándose entre otros, el coronel Nicolás Valle Salinas, reconocido esbirro de la tiranía y comandante de la Policía de Managua.
Pero no contaban que con “la irrupción de los pobres en la historia”, ingresa a la extinta UCA, un joven estudiante que responde al nombre de Casimiro Sotelo. Los dotes y cualidades personales del militante Sandinista, rápidamente le permiten conquistar la presidencia del Centro Estudiantil de la Universidad Centroamericana, CEUCA.
Durante la década de los 80s, bajo la rectoría del sacerdote Cesar Jerez, las relaciones entre el gobierno Sandinista y la extinta UCA vivieron sus mejores momentos, al grado que la universidad otorga un doctorado Honoria Causa al presidente Daniel Ortega.
Durante la Cruzada Nacional de Alfabetización, uno de los más importantes puestos de mando de dicha Cruzada funcionó desde la ex UCA, dirigido por el sacerdote Juan Roberto Zarruck.
Apenas se conoció la recuperación de la extinta UCA, los ideólogos venaderos y mercenarios que intoxican con su propaganda las 24 horas, las redes sociales, se dieron furiosamente a la tarea de hacer “spinning” (hacer que la realidad diga lo que no dice).
Pontificaron y resaltaron, con la ayuda de sus “spinner” (expertos en propaganda mediática) que la extinta UCA era virtualmente “la Harvard de Centroamérica” la universidad modelo con cualidades intelectuales y académicas superiores, que ninguna otra universidad poseía en el istmo centroamericano.
Nada mas lejos de la verdad, no según el gobierno ni según ningún analista del gobierno, sino de acuerdo con centros internacionales, verdaderamente expertos en estadísticas mundiales y regionales.
De acuerdo con el Center for World University Rankings (Centro para la Clasificación Mundial de Universidades), la extinta UCA, no aparece ni siquiera entre los primeros 2 mil lugares a nivel mundial. Mas bien le gana una universidad en Ghana, con la posición número 1439 y la universidad de Venezuela con la posición número 1908.
Pero lo más revelador es la clasificación dada a conocer este año 2023, por la revista estadounidense FORBES, de las 10 primeras universidades de Centroamérica. Según FORBES, la extinta UCA no logró clasificar ni siquiera entre las 10 mejores universidades de Centroamérica, en cambio la UNAN si lo logró.
Se desató por las redes sociales y plataformas venaderas mercenarias financiadas ya sea por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID o por la ONG “Open Society Foundations” del multimillonario húngaro estadounidense George Soros, una guerra sucia en defensa de la extinta UCA.
Mientras una minoría de “spinners” (de esos que siempre aparecen en cuestión de minutos como expertos o especialistas en todas las disciplinas necesarias para atacar al gobierno Sandinista) enfatizaba la “eficiencia académica”, el espíritu crítico, la “libertad” de catedra y el profesionalismo de la cultura jesuita, muchos de sus egresados recurrían al más vulgar y soez lenguaje, propio de meretrices de barrio pobre, para defender la superioridad de la susodicha universidad.
Entre otras cosas, sus más sesudos argumentos fueron que el gobierno se había “robado” la universidad jesuita y que en ningún momento se había seguido ningún debido proceso y era por lo tanto ilegal, además de catalogar como falsos los cargos de terrorismo, delito cometido mayormente durante la tentativa del golpe fallido de Abril de 2018.
Ha sido un medio periodístico internacional, de reconocidas credenciales antisandinistas como El País de España, el que de manera escueta resumió de forma muy coincidente, la acusación gubernamental. Dicho rotativo explica que el gobierno actuó contra la extinta UCA: “…después del papel que jugo la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua.
En un despacho periodístico de El País, fechado el 16 de Agosto de 2023, refiriéndose a la extinta UCA, el rotativo cita textualmente: “Esta institución fue el epicentro de algunos movimientos contrarios al gobierno de Daniel Ortega, especialmente durante las protestas ocurridas en 2018.”
A pesar de semejante confesión de un medio periodístico internacional como lo es El País de España, los Jesuitas de Nicaragua, negaron tajantemente la acusación de su participación en las acciones terroristas de abril de 2018, que de manera tan clara y directa señaló el diario europeo.
La gravedad de los hechos está marcada por el hecho que en un país de poco más de 6 millones de habitantes, donde más del 50% son menores de edad, se perdieron 500 mil empleos. Dicha información no provino del gobierno sino del más prestigioso economista de Nicaragua, graduado en la estadounidense universidad de Yale, el doctor Néstor Avendaño.
El gobierno de los Estados Unidos, por medio de su “ministerio de colonias” (como bautizó el comandante Fidel Castro a la Organización de Estados Americanos, OEA), pretendió sentar al gobierno de Daniel Ortega en el banquillo de los acusados, por defenderse de un violento golpe de estado que cobró mas de 300 vidas humanas, el 70% de ellas pertenecientes al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El gobierno de Estados Unidos, en lo que en el país de las hamburguesas se conoce como “tribunal canguro”, monto un ridículo circo, en donde no solo financió el golpe de estado por medio de la USAID, sino también financia la mayor parte del presupuesto de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y de ONG nicaragüenses como el CENIDH.
Todos eran parte de la misma conspiración, en la cual todos y cada uno de los actores (la OEA, era el juez, la CIDH la fiscalía, el CENIDH la policía investigadora), eran pagados en dólares por el gobierno de Estados Unidos.
“El papel que jugó la institución y sus estudiantes” en la rebelión en Nicaragua, es precisamente el delito de terrorismo, ante el cual, según la legislación nicaragüense, cabe poco o ningún derecho.
Esta modalidad de un supuesto debido proceso, es muy similar a la ley estadounidense conocida como Ley Patriota, promulgada después del 911 y el derribo de las torres gemelas en Nueva York en Septiembre de 2001.
Luego que el presidente George Bush Jr. promulgara la ley Patriota, todo acusado de terrorismo por fiscales federales estadounidenses, carecen virtualmente del debido proceso, de sus derechos constitucionales, conocidos en Estados Unidos como derechos Miranda.
Aunque, para quien escribe estas líneas, es todavía prematuro señalar que curso legal o judicial, seguirá el gobierno nicaragüense en relación al caso de la extinta UCA, si es posible considerar que a la luz del tipo de cargo, a saber terrorismo, el sistema judicial está actuando de manera semejante a como actuaría cualquier juez federal estadounidense al procesar a un acusado de narcotráfico: proceder a la incautación preventiva de todos sus bienes, sin esperar una sentencia definitiva.
Por años ha circulado profusamente en las redes sociales un video grabado el 30 de Mayo de 2018, precisamente el día que grupos delincuenciales, golpistas y vándalos, se congregaron precisamente frente a la extinta UCA, para iniciar lo que llamaron LA MADRE DE TODAS LAS MARCHAS.
En dicha marcha se pretendía dar la estocada final al gobierno del presidente Daniel Ortega, gobierno al cual consideraban ya en estado agónico, luego que el país entero estaba paralizado por los tranques y los saqueos de supermercados, incendios de buses y edificios gubernamentales estaban a la orden del día, mientras la policía nacional se encontraba acuartelada.
En el video se muestra la fachada principal de la extinta UCA, se aprecia el rótulo que claramente la identifica como la UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. Frente a los miles de jóvenes, el sacerdote católico Enrique Martínez, arenga a los estudiantes, minutos antes de marchar contra El Carmen, para “sacar al dictador.”
El sacerdote católico, no solo jugando un papel de político, sino de agitador social, los anima y con un odio patológico, claramente evidenciado por su rostro descompuesto por la ira, arenga a los estudiantes y les grita “NO SE ACOBARDEN, NO SE ACOBARDEN, FUERA LA PAREJA ASESINA DE EL CARMEN, FUERA, FUERA, FUERA.”
Demás está hablar de las catastróficas, crueles e inhumanas consecuencias que tuvo el golpe de estado en los hogares de las clases populares, quienes sufrieron todo el peso de la pérdida de 500 mil empleos y la muerte de mas de 325 personas, un 70% de los cuales pertenecían al Frente Sandinista de Liberación Nacional, además de los 22 policías que murieron asesinados por manifestantes, “pacíficos” y auto convocados.
Según la falsa narrativa, ante la brutal y pavorosa destrucción que sufrieron los sectores mas humildes de la sociedad, al no poder asistir a sus centros de trabajo, formales o informales, el gobierno no tenía ningún derecho de defenderse, ni de imponer el orden, ni encarcelar a los culpables de cometer actos vandálicos.
Muchos estudiantes “fresa” de la extinta UCA, se niegan a ser “indoctrinados” (Sic) en la nueva universidad nacional Casimiro Sotelo, ignorando que la extinta UCA constituía el último bastión ideológico de la Oligarquía blancoide, explotadora, reproductora de los valores capitalistas y sometida a los valores culturales y políticos del imperialismo norteamericano.
Los “analistas” mercenarios de las plataformas SOROS-USAID, que intoxican las redes sociales 24/7, saltaron heridos, alegando que la gran mayoría de los estudiantes provenían de familias de escasos recursos, y si estudiaban en la extinta UCA, era gracias a becas, no porque fueran hijos de la oligarquía blancoide o amantes de narcotraficantes (en el caso de las mujeres).
Obviamente que jamás mencionan que tales becas, que provenían del 6% del presupuesto sale de los impuestos que paga el pueblo y por lo tanto, proveniente del lomo de los trabajadores.
Sin embargo, los estudiantes que rechazan el adoctrinamiento de la nueva universidad del pueblo, que juran hasta con los dedos de las patas que son hijos de la clase obrera, rápidamente están ya preparándose para matricularse en la UCA de El Salvador, la Rafael Landivar de Guatemala o la Universidad de Costa Rica, en San José.
El gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, tiene la obligación moral y legal de hacerle justicia al sufrido pueblo nicaragüense, la principal víctima inocente de la rabia fascista de los peones y mercenarios al servicio de una potencia extranjera.
El fallido golpe de estado no solo fue una flagrante violación a la constitución política de Nicaragua, al pretender imponer un gobierno debidamente constituido, por otro que jamás fue electo por el pueblo, sino una trágica hecatombe para el pueblo.
Antes del golpe de estado fallido de Abril de 2018, grupos de “expertos” en todo, hacían “sesudos” análisis político ideológicos por televisión dentro de Nicaragua. Uno de los más conocidos, desde donde se lanzaron las “coordenadas” estratégicas del golpe, IV Poder, del golpistas Miguel Mora Barberena, decían barbaridades abiertamente.
El golpe provocó la destrucción de 500 mil empleos, lo que lanzó al hambre a ½ millón de familias de las clases más humildes del país, iniciando una estampida migratoria nunca vista en Nicaragua.
Las clases opulentas se burlaron de la migración de los humildes y culparon al gobierno de Nicaragua y lo acusaron de inepto, pese a que antes de Abril de 2018, la economía venia creciendo como la espuma, a razón de 5,2% anual, durante 8 años consecutivos desde 2010, fenómeno no visto en los últimos 40 años.
De seguir ese ritmo, era seguro que la oposición perdería aplastantemente las próximas elecciones presidenciales de 2021 y había que hacer algo para detener el inevitable y subsiguiente triunfo electoral del presidente Ortega.
En el contexto global de la peor agresión sufrida por el pueblo nicaragüense, solo comparable a la destrucción sufrida durante la lucha contra Somoza en 1978-79, el presidente Daniel Ortega tenía que responder al reto de hacerle justicia a miles y miles de humildes familias, que vieron como sus hijos aguantaban hambre solo porque a la oligarquía y al imperialismo se les ocurrió frenar al “dictador”.
Con el cierre e incautación de la universidad donde se preparaban y recibían adoctrinamiento capitalista, donde no había lugar para ningún discurso sandinista, donde profesores sandinistas como Guillermo Santibañez, fueron despedidos, cae el último bastión ideológico de la agresión golpista que ha sumido por años a Nicaragua en el hambre, desempleo y migración hacia otras latitudes.