La Fiscalía considera a ‘Extinction Rebellion’ y a ‘Futuro Vegetal’ como grupos de “terrorismo” y “ecologismo radical”

En la memoria de 2022, presentada al inicio del año judicial este jueves, se detallan las 26 detenciones a activistas ecologistas que tuvieron lugar el año pasado motivadas por acciones de protesta como concentraciones ilegales, cortes en la vía pública, daños privados, daños públicos y publicaciones que reivindicaban esos daños, entre otras.

El su informe, la Fiscalía destaca la creciente presencia de Futuro Vegetal (FV) en las acciones de sabotaje para exigir acción climática -este colectivo, en concreto, se centra en exigir la eliminación de las subvenciones a la industria cárnica-, y hace referencia a la forma en que estos grupos han escalado en sus formas de protesta para lograr un mayor impacto, con acciones como la de pegarse a algunos de los cuadros del Museo del Prado.

“Si inicialmente fue Extinction Rebellion (XR) y sus grupos satélites quienes realizaban estas actividades, ahora es Futuro Vegetal quien están acaparando las acciones, especialmente en el marco de su campaña contra el sector cárnico”, reza el documento.

“Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de «desobediencia civil no violenta» a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía”, precisa la Fiscalía.

Advierte además de que es “previsible” que las acciones continúen, y que incluso se incrementen “al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.

El informe también hace referencia a las detenciones a cinco españoles de Rebelión Científica -englobado en XR- que en octubre de 2022 tuvieron lugar en Múnich tras una serie de protestas que ya les llevaron a pasar por prisión preventiva, acciones por las cuales ahora el estado de Baviera pide unos 9.600 euros a cada uno de los activistas, o bien 320 días de cárcel.