TESTA SOCIMI se niega a negociar las condiciones de renovación y venta de los pisos

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Los vecinos de la Calle Cefeo en Móstoles están luchando contra la empresa TESTA Residencial SOCIMI, absorbida recientemente por Merlin Properties, con Miguel Oñate al frente como consejero delegado, y es dueña del 100% de los pisos en los que residen como inquilinos del Plan de Vivienda 2005-2008 de la Comunidad de Madrid. Los pisos se terminaron de construir en junio de 2010 y ese mes accedieron al alquiler con opción a compra. Firmaron los contratos por 7 años con la opción en 2017 a comprarla, y en el momento de la firma, de buena fe, confiaron en que las condiciones que les explicaban verbalmente eran las del contrato y que, siendo la Comunidad de Madrid la que pone los requisitos para acceder a estas viviendas, era todo correcto y legal. Esperanza Aguirre y Esteban Parro (alcalde de Móstoles en ese momento) les acompañaron en la entrega de llaves, y viendo que, personajes públicos de entidades públicas estaban presentes se fiaron aún más.

Para su sorpresa, desde 2010 el precio de la vivienda no ha hecho más que caer, y ahora que tienen la opción de compra ven que el valor real de los pisos está muy por debajo de lo que en el contrato de alquiler estipula (El precio de venta es un valor de aproximadamente 70.000 € al que hay que multiplicar, según el decreto de la CAM 12/2005, un coeficiente de actualización de 2, es decir acaba el piso en 140.000€) Las viviendas tienen de 1 y 2 habitaciones, en torno a 50 – 60 metros cuadrados, garaje y trastero, y sin lujos como piscina o pista de pádel. Pero el problema no acaba ahí. Si por las circunstancias personales no se puede acceder a la compra, TESTA ofrece el alquiler, con nuevas condiciones y ya sin protección social, aumentando entre 100 y 150 € el precio del mismo, así como un desembolso adicional de otra mensualidad a la que llaman garantía adicional, por lo que llegarían los pisos a alquilarse, por 650 – 700 €, un acto que se sospecha para crear una burbuja inmobiliaria de alquiler, (como la que sucedió entre el año 2000 y 2009 con los precios de venta). Además de esto han detectado algunas cláusulas de los nuevos contratos que consideran abusivas y algunas inconstitucionales. Además, hay que tener en cuenta que las condiciones de acceso a estas viviendas están limitadas a los ingresos personales (5.5 veces el IPREM) y otras condiciones, y que las subidas que les piden no las pueden asumir, ya que, si pudieran asumirlas, sería por tener ingresos adecuados, y no habrían accedido a la vivienda.

Esto tan sencillo de entender Testa no quiere verlo, ya que la única opción que les da es que dejen el piso y se vayan donde puedan pagar, ya que no bajan el precio de nada, ni de compra ni de alquiler. Por esto han pedido ayuda al Ayuntamiento de Móstoles, que lo aprobó en el pleno del 25 de mayo, en una moción de urgencia. Los vecinos fueron a la sede de Testa y consiguieron una reunión con las comerciales que gestionan las viviendas, pero las negociaciones están siendo muy difíciles, ya que Testa se ampara en la legislación y no quiere modificar sus condiciones, y el consejero delegado de la empresa, Miguel Oñate, se niega a tener una reunión con nosotros, que es quien podría decidir modificar los precios.