La ARMH exige al ministro Félix Bolaños que las víctimas del franquismo dejen de ser obligadas a sufragar la tumba del dictador Francisco Franco

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado un escrito dirigido Félix Bolaños en el que exige que los restos del dictador Francisco Franco salgan definitivamente de un espacio público y se deje de obligar a sus víctimas a sufragar su tumba con sus impuestos.

El escrito ha sidoregistrado en el cuarto aniversario del traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio; de espacio público a espacio público.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido por la represión franquista, «lo que significa que el Estado democrático no haya sido capaz en cuarenta y siete años de extraer al dictador del espacio público explica que sus víctimas no hayamos tenido acceso a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación».

Y añade: «aunque sólo costase mantenerla un céntimo de euro, lo que significa para una cultura democrática mantenerlo dentro del espacio público es un precio muy alto que han pagado sus víctimas en un país cuyas élites han construido una compacta e intocable impunidad- ¿Alguien se imagina que una víctima del terrorismo viera que una institución paga el panteón de un terrorista? Directamente y de oficio actuaría la Audiencia Nacional», concluye.

El texto remitido al ministro Félix Bolaños es el siguiente:

Hace más de doce años que desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hemos exigido al Gobierno que los restos del dictador Francisco Franco no estuvieran enterrados y amparados por ninguna institución del Estado democrático, puesto que eso obliga a sus víctimas, muchas de ellas familiares de desaparecidos sin tumba, a pagar su enterramiento con sus impuestos. Se trata de una realidad que maltrata y humilla a quienes padecieron las terribles violaciones de derechos humanos del dictador y debilita a un Estado que 47 años después de su muerte no es capaz de extraerlo de su ámbito público y depositarlo en el ámbito privado de su familia, que es la que debería hacerse cargo de su enterramiento.

Cuando el Gobierno llevó a cabo el traslado de sus restos y decidió depositarlo en un cementerio de titularidad pública, desde la ARMH nos quejamos de que seguiríamos sufragando su tumba con nuestros impuestos. Eso supone una anomalía democrática que no existe en ningún otro país de la Unión Europea.

La operación de traslado de sus restos fue totalmente irrespetuosa con las víctimas del franquismo; permitiendo que la familia del dictador sacase el ataúd a hombros, con lo que significa en nuestra cultura; regalándoles una costosa producción de televisión pública y consintiendo incumplir en varias ocasiones el Artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica 52/2007 que impide la exaltación del dictador en el recinto del Valle de los Caídos.

Los descendientes del dictador sacaron a hombros sus restos envueltos con el escudo personal de Franco (vulnerando la Ley 552/2007) y gritando en varias ocasiones vivas a Franco (volviendo a vulnerar la Ley 52/2007. Allí se encontraba la ministra de Justicia, Dolores Delgado,, como notaria por parte del Gobierno, que no sancionó esos hechos e incluso le regaló sin ningún derecho, a la familia Franco, unas chapas que se encontraban en la tumba del dictador, que eran patrimonio del Estado, con el argumento de que formaban parte de «su ajuar funerario».

Además, su traslado se llevó a cabo en un helicóptero que normalmente se utiliza por autoridades del Estado democrático, con lo que representa eso simbólicamente.

En esa operación de traslado de los restos de un dictador responsable, entre otros crímenes, de la detención ilegal, las torturas, el asesinato y la ocultación de los cadáveresr de al menos 114.226 civiles, el Estado no fue capaz de extraerse esa astilla y lo reinhumó en el cementerio de Mingorrubio, que es propiedad del ayuntamiento de Madrid, y se gastó al menos 125.000 euros en reparaciones de un panteón que, mediante un convenio entre el Gobierno y la ciudad de Madrid, es tutelado por el Estado.

Para colmo, la tumba de Franco se encuentra en el territorio de la ciudad de Madrid y ha sido convertida en un altar fascista repleto de objetos de exaltación de su figura ante la pasividad del Gobierno que la tutela y que permite que se haya convertido en un centro de exaltación de la dictadura y el dictador en el que se encuentra un busto suyo, sujeto al suelo con cemento desde hace semanas, lo que demuestra la permisividad del Gobierno con quienes enaltecen el franquismo.

SOLICITA

Que ponga fin a la humillación y el maltrato que supone para las víctimas del franquismo ser obligadas por el Estado a sufragar con dinero público la tumba del dictador genocida y se acuerde con la familia del dictador un enterramiento privado, sufragado por ella.

Que mientras eso se lleva a cabo la expulsión definitiva de los restos del dictador del espacio público del Estado democrático, se impida en ese lugar cualquier homenaje y celebración de la figura del dictador porque atenta y agrade contra la dignidad de sus víctimas y su derecho a ser protegidas por el Estado.