Más de 130 organizaciones sociales manifiestan su rechazo a la ley europea de materias primas críticas
- Más de 130 organizaciones, junto con 100 personas expertas y académicas de 30 países, han enviado una carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo la retirada de la Ley Europea de Materias Primas Críticas.
- Se rechaza la ley por su desprecio a los derechos humanos y medioambientales, su respaldo a la ingeniería social para obtener el silencio de las comunidades y su incapacidad para abordar tanto una normativa minera obsoleta, como la urgencia de reducir la demanda de metales.
- Si se aprueba, la ley acelerará los procedimientos de concesión de permisos mineros, recortará la legislación medioambiental y sentará las bases para inyectar miles de millones de euros a empresas mineras especulativas social y medioambientalmente irresponsables.
No ha tardado la reacción ante el anuncio del pasado lunes del Consejo y Parlamento europeos de dar luz verde a la Ley de Materias Primas Críticas. Más de 130 grupos de la sociedad civil y comunidades locales, así como personas expertas y científicas de 30 países de dentro y fuera de Europa, han firmado una carta abierta dirigida a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que rechazan el texto legislativo y piden su retirada.
Haciendo referencia a la profunda crisis política que vive Portugal a raíz del escándalo derivado de dos minas de litio en la frontera con Galicia, la carta advierte de que la legislación propuesta ampliará la influencia del lobby minero erosionando la gobernanza pública, extendiendo los casos de corrupción y acentuando las asimetrías de poder. Solo en España, el Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado más de 30 casos de corrupción o falta de adecuada supervisión administrativa.
La carta también expone que los responsables políticos de la UE no han visto más allá de la «burbuja» de Bruselas, haciendo caso omiso de las repercusiones potencialmente catastróficas de un nuevo boom minero con una normativa obsoleta. Por ejemplo, se pone en evidencia cómo diversas instalaciones de residuos mineros que se están proponiendo para nuevas minas en España o Portugal serían ilegales en países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú. Países que, a raíz de los accidentes sufridos, han endurecido su normativa.
Los firmantes también censuran que la ley de materias primas críticas respalda actividades de “aceptación social” destinadas a transformar la oposición pública a determinados proyectos mineros en tolerancia pasiva o apoyo activo. La carta sostiene que promover la pasividad ciudadana ante ante actividades ilegales, daños socioambientales, corrupción y abusos laborales vulnera los principios democráticos y socava gravemente el Estado de Derecho. Esto se ilustra con 23 proyectos financiados por la UE por un coste total de 169 millones de euros, la mayoría con socios españoles, que entre sus objetivos tenían influir en la aceptación pública de los proyectos extractivos.
Las organizaciones y académicas firmantes destacan, además, la incapacidad de los colegisladores para incorporar objetivos de reducción de la demanda de materiales, lo que nos aboca hacia un aumento exponencial de la minería no sólo en la UE sino en todo el mundo, dado que Europa acapara más del 20% de los metales y minerales mundiales a pesar de tener menos del 10% de la población mundial. Dado que las concentraciones de mineral en los yacimientos es cada vez más reducida, las nuevas minas generan un mayor impacto ambiental, mayor movimiento de tierras que generan mayores volúmenes de residuos, un mayor consumo energético y un aumento de las emisiones, bajo normas de seguridad mínimas en operaciones low cost.
Por último, la carta advierte de que la aprobación de la ley europea de materias primas críticas dará lugar a acciones legales por parte de las organizaciones firmantes, ya que la legislación propuesta vulnerara los derechos de participación pública en la toma de decisiones medioambientales, consagrados por la Convención de Aarhus, de la que son parte tanto el Estado español como la propia Unión Europea.
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