Por Andalucía advierte de la pérdida de la garantía de igualdad para los usuarios del turno de oficio

La portavoz adjunta de ‘Por Andalucía’, Esperanza Gómez, tras una reunión mantenida con miembros de varias asociaciones de abogados de Andalucía, como Defenda, AJAI, FAIG, Iusta Causa y AJATO, junto al también diputado José Manuel G. Jurado, ha advertido la pérdida en la garantía de igualdad para los usuarios que soliciten servicio del turno de oficio para sus trámites legales, tras la Orden de 3 de noviembre, de la Junta de Andalucía, que modifica la compensación a los profesionales que prestan dicho servicio.

De hecho, dicha merma en la asistencia jurídica gratuita se sustenta sobre dos ejes principales como son las retribuciones a la baja para los profesionales andaluces que, “pese a las promesas del PP de aumentar sus honorarios, confirman que son las abogadas y abogados del turno de oficio peor pagados de España”, y, por otro lado, la sobrecarga del sistema “ya que cada vez son más los usuarios que solicitan este servicio, ya sea para un divorcio o una demanda laboral, debido a la actual situación económica que viven muchos hogares de nuestra comunidad”.

“Moreno Bonilla no puede descargar toda la responsabilidad social en los profesionales de la abogacía que se ocupan del turno de oficio, teniendo en cuenta que la gran mayoría lo ejercen al margen de sus despachos privados, sobrecargándoles con trámites burocráticos y reduciendo cada vez más sus retribuciones, por la actividad realizada, sin contar con la odisea que luego tienen que vivir para poder cobrar el trabajo realizado, que lo único que les genera es frustración y estrés por no poder representar a sus clientes en igualdad de condiciones”, considera Gómez.

Asimismo, la diputada por Sevilla ha mostrado su preocupación por la calidad del servicio que puedan recibir quienes soliciten la asistencia ya que, durante el proceso judicial, entre otras contradicciones, “si el profesional ha de recurrir una resolución, dicho recurso será abonado solo una vez a su abogado, en cada fase del procedimiento, sabiendo que en este tipo de procesos se requiere, en la mayoría de las ocasiones, de más de uno”, siendo más grave la situación para casos de extranjería, en los que el procedimiento tiene una compensación fija de 200, “independientemente del número de apelaciones que tenga que trabajar su letrado”.

Por último, la también profesora de Derecho Constitucional se ha comprometido, con las asociaciones asistentes a la reunión, a seguir y controlar con detalle, no solo la aplicación de las promesas por parte de Moreno Bonilla sobre este servicio, sino, también, el desarrollo del servicio de mediación que propone la Junta de Andalucía, “sin especificar de qué manera y con quién contará para poner en funcionamiento dicha asistencia”.