Garzón registra una importante iniciativa de IU para “paralizar los nuevos criterios de evaluación” al profesorado universitario y establecer las bases para otro sistema más justo

Izquierda Unida, en colaboración con diferentes representantes de los sectores afectados, ha elaborado y registrado una ambiciosa iniciativa parlamentaria con el principal objetivo de “paralizar de forma inmediata los nuevos criterios de evaluación del profesorado funcionario presentados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que no están realmente negociados y que mantienen unos niveles de exigencia desproporcionados”.

La proposición no de ley la firman el coordinador federal y portavoz parlamentario de IU, Alberto Garzón, y los también diputados de esta formación Miguel Ángel Bustamante y Joan Mena, este último encuadrado en la confluencia de En Comú Podem. En el texto, plantean también “poner en marcha de forma urgente un Nuevo Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto”, para lo cual detallan una serie de pasos prioritarios a partir de acciones muy concretas.

De igual forma, la iniciativa persigue que en el nuevo sistema de acreditación para el acceso y desarrollo de la carrera docente e investigadora de los cuerpos docentes funcionarios universitarios se establezca “la valoración de la docencia al mismo o mayor nivel que la investigación, dado que la docencia es la finalidad fundamental de nuestro sistema universitario de Educación Superior”. Para los proponentes, “la experiencia docente y su evaluación, de forma continua y participada por los propios implicados, habrían de tomar el peso del que en la actualidad carecen”.

Para Izquierda Unida los nuevos estándares que la ANECA busca de nuevo imponer ahora para el acceso a la carrera docente universitaria, y que tiene previsto presentar públicamente la próxima semana -tras informar de su contenido a los sindicatos pero sin permitir participar a los principales afectados en su redacción-, “suponen no sólo truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral y de los jóvenes investigadores, en cuanto a sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado universitario meridianamente claro: ‘abandonen su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación’”. Todo esto se produce en un contexto donde cada vez se hace más complicado investigar, debido a la falta de fondos por los recortes.

La formación que coordina Alberto Garzón expone también con detalle la situación global en la que se enmarca este problema, con un grave deterioro de las condiciones laborales del profesorado universitario en los últimos años. El incremento de las figuras precarias y temporales entre el profesorado, junto a la fuerte jerarquía presente en la Universidad, amenazan directamente la libertad del profesorado más joven. Como corroboran datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la financiación pública de las universidades ha caído 1.213 millones de euros entre 2010-2014, ha habido un recorte en cerca de 7.500 empleos públicos universitarios (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas de profesorado similares a las de 2006. El cambio brusco de modelo en la Universidad española ya es un hecho.

“Asimismo -expone la iniciativa- los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde 2008, con una media del 24,6%, a pesar de lo cual la producción científica de las universidades presenta unos resultados bastante relevantes, ampliando la producción científica en un 54%, en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza”.

En medio de este panorama de recortes en la Educación Superior y en la Investigación universitaria, la ANECA -organismo público encargado de acreditar al profesorado universitario- publicó en el BOE de 17 de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015 que establecía el nuevo sistema de acreditación nacional para acceder a los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU). A partir del 31 de diciembre de ese mismo año se dejaron de admitir las solicitudes de acreditación a través del antiguo proceso.

Los nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad académica y provocado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario. Garzón, Bustamante y Mena valoran que ello es debido “a la falta de claridad en la exposición y redacción de los mismos, a la increíble dureza e, incluso, irracionalidad en algunos casos, del nivel de exigencia en la mayor parte de campos científicos y, finalmente, a la publicación incompleta de los criterios”.

Tal ha sido el escándalo que el propio Ministerio de Educación tuvo que intervenir para paralizar la aplicación de estos criterios ante la oposición de la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los sindicatos exigieron literalmente la ‘derogación del Real Decreto 415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional de los actuales profesores universitarios’.

En este año y medio trascurrido desde que dejó de funcionar el anterior sistema de acreditación a profesorado titular y catedrático de universidad ha provocado, como reconoce el nuevo director de la ANECA, que a fecha de mayo pasado estén detenidas las evaluaciones de 900 solicitudes pendientes de revisión. Esta situación tiene el agravante de que, de acuerdo a la normativa vigente, la ausencia de respuesta al cabo de seis meses tiene carácter desestimatorio.

La iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida advierte con nitidez que el sistema de acreditación impuesto “pervierte radicalmente el modelo universitario”, ya que privilegia fundamentalmente “como sistema de evaluación la valoración de los ‘méritos’ de investigación, en especial aquellos que puedan ser cuantificables y ‘comercializables’ en índices de impacto. Esto no sólo privilegia a las empresas multinacionales que gestionan estos índices, sino que devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva donde es fácil perder el sentido último de por qué se investiga. Todo ello en pos de ser citados en unas publicaciones que, en su mayor parte, tampoco cumplen con la función básica de difusión social a la ciudadanía que habría de tener toda investigación pública”.

“Por decisión política del Gobierno del PP -constata la proposición no de ley- se ha supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras, a las que se pagan cuantiosas cantidades de dinero público (Clarivate, a través de su producto ‘Web of Knowledge’, y Elsevier, a través de su producto ‘Scopus) Todo ello en detrimento de otros modelos públicos que fueron sufriendo la política de recortes del Gobierno, así como de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional”.

Para Alberto Garzón y el resto de firmantes “la comunidad científica se ve así forzada a optar entre la obligación de investigar con el mayor rigor y seriedad posible, sin olvidar la finalidad fundamental de la Educación superior que es la docencia, o rendir cuantitativamente en la ‘cultura del impacto y de la citación’ para tener reconocimiento y poder promocionar entre las precarias figuras del profesorado universitario español”.

La parte propositiva completa de la iniciativa que impulsa Izquierda Unida plantea que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a:

“1. Paralizar de forma inmediata los nuevos criterios de evaluación del profesorado funcionario presentados por la ANECA, que no están realmente negociados y que mantienen unos niveles de exigencia desproporcionados.

2. Poner en marcha de forma urgente un Nuevo Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto, dando los primeros pasos a través de las siguientes acciones concretas:

      2.1. El Gobierno creará un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto (SEPECA) de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Este sistema será implementado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

b. La FECYT, como organismo público e independiente, arbitrará un sistema de valoración de la producción científica que permita prescindir progresivamente del índice JCR como criterio para la estimación de la calidad y evite la intervención de empresas externas.

b.1. Los criterios de evaluación de este sistema serán acordados con la comunidad científica en función de campos, áreas y ciencias.

b.2. Para ello se arbitrarán mecanismos de carácter democrático tales como el que ya aplicó en 1999 la UCUA (Unidad para la calidad de las Universidades Andaluzas), mediante la elaboración de un ranking de publicaciones de cada campo a partir de los resultados de una encuesta de valoración al conjunto de la comunidad investigadora y docente, independientemente de su categoría profesional.

b.3. Dentro de estos criterios de evaluación se asignará una valoración preferente a las publicaciones realizadas en repositorios abiertos (Open Access) revisados por pares.

b.4. Se podrá impulsar, para contrastar con dichos criterios, indicadores bibliométricos gratuitos y de acceso libre creados desde la Unión Europea que combinen aspectos cuantitativos (productividad) con cualitativos o de visibilidad (impacto o éxito que aprecian los pares en las propuestas realizadas), sustituyendo los índices los índices h y g de Google Scholar Metrics, producto también al fin y al cabo de otra empresa privada.

c. Se valorarán en igual medida los trabajos y producciones científicas en todos los formatos y expresiones (libros, monografías, capítulos de monografías, revistas, informes, documentación, infografía, soportes artísticos, imagen, sonido, software).

d. Se potenciará el desarrollo de repositorios institucionales públicos abiertos cuyos contenidos sean admitidos por revisión de pares, así como que respondan a los criterios señalados en el apartado c.

e. Se habilitará un sistema de apoyo a la comunidad investigadora y universitaria, con herramientas y ayuda para depositar sus trabajos y producciones para revisión en archivos electrónicos abiertos, de acuerdo con los estándares establecidos por la Iniciativa de Archivos Abiertos.

f. Se promoverá y apoyará económicamente una nueva generación de Publicaciones y ‘Revistas de Acceso Abierto’, así como se ayudará a las existentes para que opten por acometer la transición al acceso abierto.

        2.2. La calidad de las publicaciones de acceso abierto se establecerá en función de la revisión ciega por pares (que será un mínimo de dos expertos/as). Dicha labor de revisión será valorada como mérito por la ANECA para todo/a investigador/a que participe en ella.

     2.3. Se potenciará que sean revisiones orientadas al apoyo y mejora del texto realizado, para que se pueda corregir la propuesta y volver a presentarla adecuadamente.

     2.4.Se valorará también como méritos de productividad científica: (a) poner en marcha nuevas publicaciones, revistas y fuentes de información que cumplan los criterios; (b) dirigirlas; (c) revisar documentos y materiales de las publicaciones, revistas y fuentes de información consideradas; (d) realizar trabajos de organización en bases de datos abiertas con las revistas consideradas; (e) traducir textos.

        2.5. Se favorecerá la diversidad de formatos de publicación posibles atendiendo a la diversidad de campos, disciplinas y enfoques, así como la complementariedad metodológica, equilibrando la investigación empírica y reflexiva, entendiendo que la metodología científica es variada. La condición común será el rigor constructivo y la generación de conocimiento y con-ciencia para la mejora personal y social.

        2.6. La ANECA y la CNEAI evaluarán la capacidad investigadora del profesorado de todo el Estado en función de este nuevo sistema.

       2.7. Todas las investigaciones que reciban financiación pública estarán obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso abierto, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia.

      2.8. El Gobierno comunicará a todas las comunidades autónomas la creación de este nuevo Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica en Abierto (SEPECA) para que tengan la posibilidad de adherirse en el más breve tiempo posible.

3. Establecer en el nuevo sistema de acreditación para el acceso y desarrollo de la carrera docente e investigadora de los cuerpos docentes funcionarios universitarios la valoración de la docencia al mismo o mayor nivel que la investigación, dado que la docencia es la finalidad fundamental de nuestro sistema universitario de Educación Superior. En este sentido la experiencia docente y su evaluación, de forma continua y participada por los propios implicados, habrían de tomar el peso del que en la actualidad carecen”.