Catalunya cierra 2023 con una tasa de pobreza severa del 20%, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)

Los derechos sociales en Cataluña encaran el 2024 con el reto de reducir las listas de espera en dependencia y su correspondiente plan individual de atención (PIA), de unas 69.000 personas, y aumentar los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La tasa de pobreza severa en Cataluña es el 19,9 % de la población general, un porcentaje que se eleva al 28 % en los menores de 16 años, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), una grave situación que denuncian de forma reiterada las entidades sociales que atienden a muchas de estas personas.

Cataluña atendió el pasado 2022 a 20.999 nuevos dependientes, un 12,58 % más que en el año anterior, pero a este ritmo de atención «aún tardaría ocho años en atender la lista de espera de las 69.770 personas dependientes», según datos de la Asociación de directores y gerentes en servicios sociales, de ámbito estatal.

El reciente acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Pere Aragonès para el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Cataluña, que se tramitará junto con la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña en ventanilla única, podría facilitar la gestión de ambas prestaciones para las personas que más las necesitan.

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) la otorga la Generalitat de Cataluña mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) depende del Gobierno y la gestión de ambas prestaciones de forma conjunta y coordinada era una de las demandas más reiteradas por las entidades sociales que ayudan a las personas vulnerables.

En Euskadi, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ya gestiona el IMV desde hace tiempo y Navarra asumió en 2022 también esta prestación a través de su Departamento de Derechos Sociales, pero no ha sucedido lo mismo en Cataluña, que alcanzó un preacuerdo con el Gobierno hace un año y medio y que, hasta ahora, no se había materializado.

Así pues, las personas con más necesidades económicas se han visto obligadas a hacer el doble de trámites burocráticos para poder acceder a estas ayudas en Cataluña, han denunciado las entidades sociales.

La Taula del Tercer Sector, en su última petición del año 2023, ha pedido para el próximo año «simplificar las barreras burocráticas a través de una ventanilla única social, crear un complemento para la vivienda y aumentar las cuantías de la Renta Garantizada de Ciudadanía» en 100 o 200 euros por miembro de la unidad familiar.

Según cálculos de la Taula, un 5 % de los hogares podrían salir de la pobreza moderada con un aumento de 200 euros, y si se ampliara en 100 euros el porcentaje se reduciría a la mitad de las familias con pobreza severa (actualmente en el 19,9 %) y «prácticamente desaparecería con un incremento de 200 euros».

Por su parte, el Departamento de Derechos Sociales tiene multitud de temas pendientes de cara al 2024, empezando por la actualización de la Cartera de Servicios Sociales, es decir, los servicios que ofrece la administración a las personas que precisan prestaciones sociales y que está congelada desde el año 2010.

En esta cartera, por ejemplo, no se incluye la Renta Garantizada de Ciudadanía, la ayuda más básica que se otorga, ni tampoco otras prestaciones a nivel de salud mental, que ofrecen entidades sociales de carácter privado pero que dependen de las ayudas económicas del Departamento.

También están pendientes de aprobación en el Parlament de Cataluña cinco proposiciones de ley de carácter social: la de las personas mayores, la del tercer sector, la de la modificación de la Ley 14/2017 de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la de medidas urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo y la de ampliación de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional.

Se trabaja en ponencia, además, el proyecto de ley de fomento del asociacionismo, y aún no se han hecho públicas las conclusiones del Grupo de trabajo de análisis del impacto de la covid-19 en las residencias de ancianos, que finalizó su trabajo el verano pasado.