Victorias en tribunales de las comunidades indígenas Tekoha Sauce y Loma marcaron el 2023 en Paraguay

Tal vez una de las noticias más relevantes y menos difundidas de este año fue la gran victoria judicial de la

 comunidad Tekoha Sauce ante la demanda de desalojo que planteó la Itaipú Binacional, cuyo lado paraguayo continúa negando su deuda histórica por el destierro ocasionado a principios de los ochenta a unas 36 comunidades Avá Guaraní Paranaenses.

“Se hizo Justicia: ¡Sentencia a favor de la comunidad Tekoha Sauce!”, anunció en su portal web la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), cuyos abogados representaron a las familias de Sauce ante el Juzgado que rechazó la demanda promovida por la Itaipú. 

El jueves 23 de noviembre del 2023, la magistrada Claudia Jacqueline Dominguez Florentin de Barrios, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno Turno, Secretaría N° 38, dictó la Sentencia N° 512/23, por la cual se rechaza la demanda de desalojo promovida por la Itaipú Binacional contra la comunidad Tekoha Sauce del Pueblo Ava Paranaense, en el juicio N° 85/2019.

“Desde la FAPI, cuyos abogados llevaron el caso, celebramos esta victoria de la comunidad Tekoha Sauce, y de todo el pueblo Avá Guaraní Paranaense”, publicó la organización. El abogado Jorge Guillén, uno de los representantes legales de Sauce, detalló que la binacional apeló el fallo, por lo que el pleito continuará en una segunda instancia, pero que ganar en primera instancia ya es auspicioso.

La sentencia señala que rechaza, con costas, la demanda de desalojo promovida por Itaipú contra Juan Cristóbal Martínez, Amada Martínez y/u ocupantes precarios. También hizo lugar, con costas, a la excepción de defecto legal planteada por la defensa de la comunidad, aunque desestimó la declaración de litigante de mala fe presentada contra Itaipú.

En resumidas cuentas, el Juzgado rechazó las acciones del costoso buffet de abogados de la gigante binacional por errores de fondo y forma, es decir, no debieron impulsar un juicio de desalojo, ya que no se trata de personas que dejaron de pagar alquiler o algo así, y debieron accionar contra la comunidad y no contra individuos parte de ella.

“En la escala de los modos de protección de los bienes, el juicio de desalojo ocupa el último puesto, pero en la práctica del derecho es de aplicación más frecuente que cualquiera de los otros… El proceso de desalojo tal como está regulado en el Código Procesal Civil es uno especial por medio del cual solamente pueden resolverse aquellas controversias relativas a la falta del pago de los contratos de locación o cantidades debidas por el arrendamiento o por la expiración del plazo fijado contractualmente. En todas las demás controversias existentes entre las partes que superen lo expuesto, tales como las relacionadas con la propiedad o posesión del bien, en cuyo caso habrá que recurrir a las vías procesales adecuadas como la acción reivindicatoria, las posesorias o los interdictos”, explica parte de la sentencia.

La comunidad Tekoha Sauce inició su lucha por la tierra en el  2014, luego de una larga historia de padecimientos soportados por unas tres generaciones, quienes fueron migrando luego de la expulsión de sus tierras, ubicadas frente al río Paraná, hace más de cuarenta años. 

En el 2016, fueron desalojados violentamente por el empresario sojero German Hutz, cuñado del entonces vicepresidente Juan Afara, actualmente senador. De allí decidieron instalarse donde están actualmente, en las tierras que antes eran suyas pero ahora Itaipú mantiene como Reserva Limoy, en el distrito de San Alberto, Alto Paraná. Itaipú inició la demanda de desalojo en abril del 2019.

Otro fallo histórico a favor de la lucha indígena por la tierra

En el caso de la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, fue la propia Corte Suprema de Justicia la que allanó

el camino para la titulación de 9.756 hectáreas en Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, tras revocar el fallo del Tribunal de Cuentas que había logrado  Miguel Ángel Muñoz, uno de los tres invasores de las tierras indígenas.

La directora jurídica del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), María del Carmen Cardozo, señaló que es un fallo histórico de la máxima instancia judicial, en un caso de larga data, que llevó años de lucha, desde el año 1984 para los indígenas.

“Nos reivindicamos como Estado y tiene una connotación histórica, por tratarse de una propiedad ganada a favor de los pueblos originarios”, señaló la directora jurídica del Indert, quien destacó el trabajo de la abogada Sonia Giménez.

Agregó que, cuando se trata de casos que afectan a los pueblos indígenas, el Estado debe superar todo tipo de barreras impuestas por el sector privado, “tratando de arrebatar las propiedades de nuestros ancestros”, según señaló.

La comunidad celebró el éxito y espera que la titulación y desalojo de los tres empresarios invasores se concreten lo antes posible. Sin embargo, la realidad en el terreno es diferente, ya que siguen siendo hostigados por los invasores, con disparos de armas de fuego, e ignorados por las autoridades responsables, pese a las denuncias a la Policía Nacional y la Fiscalía.