El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana crea un grupo de trabajo técnico para mejorar la accesibilidad del parque de viviendas en España

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy la creación de grupo de trabajo técnico para mejorar la accesibilidad del parque de viviendas en España. Así se lo ha trasladado al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, durante la reunión que han mantenido en la sede del Ministerio.

En el encuentro, Isabel Rodríguez ha garantizado al Cermi que “la accesibilidad en materia de vivienda es un vector transversal en todas las políticas públicas” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En este sentido, la Agenda Urbana es “una gran palanca”, como demuestran las “numerosas inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que incorporan el vector de accesibilidad en sus convocatorias”.

Objetivo prioritario del Gobierno

“La consecución de la accesibilidad es un objetivo prioritario del Gobierno” y así se ha puesto de manifiesto en las sucesivas reformas normativas que, desde la aprobación de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y la modificación que la misma incluyó de la Ley de Propiedad Horizontal, van dirigidas a facilitar la realización de las obras en las comunidades de propietarios que posibiliten la mejora en la accesibilidad de los vecinos, especialmente de aquellos que por edad o discapacidad tienen problemas de movilidad.

En concreto, de conformidad con los requerimientos del Cermi y de otras asociaciones representativas de los intereses de las personas con discapacidad, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 7/2019 , de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuyo título II introdujo, específicamente, modificaciones en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, con objeto de impulsar y favorecer la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda constituidos en régimen de propiedad horizontal.

Desde el Ministerio siempre se ha manifestado una especial sensibilidad en las materias que atañen a la situación de las personas con discapacidad, que se ha visto reflejada en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. El PEAV cuenta con un programa específico en la materia “Programa 7. Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas con discapacidad” y otro de carácter más generalista que fomenta las ayudas a la accesibilidad, materia nuclear para asociaciones de personas con discapacidad.

Colaboración, diálogo y acuerdos con las CCAA

Asimismo, la ministra ha informado al Cermi de la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que presidió ayer, y en la que se acordó el reparto de 430 M€ del Plan PRTR a las CCAA para la construcción de vivienda asequible y rehabilitación, propuesta que fue aprobada por unanimidad con el voto favorable de todos los consejeros y consejeras autonómicos.

Reforma de la Constitución

La reunión ha tenido lugar un día después de que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara la reforma del artículo 49 de la Constitución que sustituye el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’, decisión que la ministra ha celebrado, tal y como ha trasladado a los representantes del Cermi. Isabel Rodríguez comparte las aspiraciones y demandas de este colectivo y anima “a todas las administraciones públicas a que se impliquen en la aportación de fondos e inversiones”.

Por parte del Ministerio, a la reunión también ha asistido la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Mayte Verdú; mientras que la representación del Cermi se ha completado con la asistencia de su vicepresidente, Anxo Queiruga Vila, y la del secretario general, Alberto Durán López.

El Cermi es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y 19 plataformas autonómicas, que a su vez agrupan a más de 8.000 asociaciones y entidades. Representan, en su conjunto, a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.