Jueces para la Democracia pide al Gobierno asumir responsabilidades tras la sentencia del Supremo contra la devolución de menores
- La Asociación se hace eco de la sentencia del Tribunal Supremo que considera ilegal la devolución de 12 menores desde Ceuta en agosto de 2021.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado la actitud del Gobierno de España y del Ministerio del Interior tras una segunda sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal la devolución de 12 inmigrantes menores de edad en agosto de 2021, y ha exigido «la asunción por parte del gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de estos niños».
«La defensa que hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños no se sostiene ni ética ni jurídicamente», ha afirmado la asociación en un comunicado.
Según la asociación, la posición del Ministerio del Interior «contrasta con los principios de la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño a ser escuchado, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente».
«Esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares», ha añadido, planteando que en ningún momento se prestó atención a los derechos de los menores.
En este sentido, «se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas»
Juezas y Jueces para la Democracia considera que con estas deportaciones «se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas».
«La cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad», ha concluido la asociación..