Nicaragua rechaza y condena ley injerencista promovida por Gobierno de EE.UU.
El Ejecutivo anunció que reclamará una indemnización a EE.UU. "como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo por la intromisión ilegal de esa potencia".
El Gobierno de Nicaragua repudió categóricamente la introducción en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) del proyecto de ley conocido como Nica Act, que busca imponer sanciones económicas contra el país centroamericano para forzar cambios internos.
Por medio de una nota de prensa, el Ejecutivo nicaragüense plasmó su rechazo absoluto a la medida de Washington. El texto fue leído por la vicepresidenta de esa nación, Rosario Murillo, quien fustigó el historial de «injerencia imperial» del Departamento de Estado.
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«Rechazamos y condenamos como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua» la Nica Act, manifestó Murillo.
La Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como la Nica Act, es un proyecto de ley resucitado por 25 legisladores (15 republicanos y 10 demócratas) que pretende condicionar los préstamos y financiamientos de organismos internacionales a la nación centroamericana.
En la nota de prensa se enfatiza que el país centroamericano continuará el desarrollo de sus políticas y propuestas de unidad.
Además, el Gobierno nicaragüense informó que reclamará por vías legales una millonaria indemnización a EE.UU. con base en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitida en 1986.
«El Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986» por la CIJ, «como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales», señaló.
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El fallo de la CIJ fue dictado el 27 de junio de 1986 para condenar los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua, durante la guerra civil que vivió este país centroamericano en la década de los 80.
«El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo», continuó el Ejecutivo en la nota.
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