Seis años y sigue impune en Brasil asesinato de concejala

Franco y su chofer Anderson Gomes fueron ultimados en una céntrica zona de Río de Janeiro en la noche del 14 de marzo de 2018.

Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban.

La activista regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el conductor en la espalda.

El caso tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo de la lucha por una mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en el gigante sudamericano.

Por el momento continúan abiertas las investigaciones por el brutal homicidio y solo se registran detenidos dos supuestos autores materiales (los expolicías Élcio Queiroz y Ronnie Lessa), arresto que no aclara completamente el hecho de sangre.

La Fiscalía de Río pidió que otro sospechoso de participar en el homicidio, el exbombero Maxwell Simões Corrêa, conocido como Suel, enfrentara un jurado popular.

Simões Corrêa habría monitoreado la rutina de Franco y ayudado en el desguace del auto usado para el crimen. Hasta el momento, la motivación para el asesinato es una incógnita, recordó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

«Corresponde a las policías involucradas y al Ministerio Público garantizar que las pruebas lleguen de forma consistente al Tribunal del Jurado. Para nosotros, lo que importa es ver que ya son seis años que la familia de Marielle, que la familia de Anderson, que la sociedad de Río de Janeiro, de Brasil y del mundo, aguardan por respuesta», razonó Werneck.

En el informe de la investigación, Lessa es señalado como el tirador de la subametralladora y estaría en el asiento trasero del auto que acosó el coche de la concejala.

Queiroz conducía el vehículo utilizado para perseguir a las víctimas.

Para organizar las demandas jurídicas y políticas del proceso de elucidación del atentado, fue creado, el 14 de julio de 2021, el Comité Justicia por Marielle y Anderson, formado por allegados de las dos víctimas y otras organizaciones.

Para la familia de la activista, el ascenso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió una nueva posibilidad para resolver el crimen.

Llevamos un año al frente de la investigación, «con la convicción de que aún en este primer trimestre la Policía Federal dará una respuesta final al caso Marielle», declaró en enero el director general de la corporación, Andrei Rodrigues.

Durante toda esta etapa, la indagación apunta a la participación de milicianos de las fuerzas de seguridad.

La motivación del homicidio aún no está clara, pero de acuerdo con denuncias, Franco fue ultimada por su militancia a favor de los derechos humanos.

Según Rodrigues, los investigadores entregarán a la Justicia Federal los nombres de los posibles mandantes del asesinato.

En diciembre, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, y ahora ministro de la Corte Suprema, Flávio Dino, también prometió que la muerte de la concejala sería íntegramente solucionada «en breve».

«Resulta una cuestión de honor del Estado brasileño emprender todos los esfuerzos posibles y razonables, y así lo hará, para que ese crimen sea develado definitivamente», aseguró.

Las autoridades tienen la obligación de resolver este crimen. Mi madre debe ser recordada por su movilización de la dignidad y contra las injusticias, no por un crimen sin respuestas, afirmó Luyara Santos, hija de la regidora y una de las fundadoras del Instituto Marielle Franco, creado en 2019.

Después de dos mil 192 días, la pregunta: «¿Quién mandó a matar a Marielle Franco?» sigue sin respuesta.

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