Organizaciones de toda Europa salen a la calle para reclamar límites a las operaciones y emisiones de los principales aeropuertos

Bajo el lema “Menos aviones, más vida”, una veintena de organizaciones de diversa índole —vecinales, ecologistas, sindicales y políticas— se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid para reclamar límites al transporte aéreo. Concretamente, las entidades presentes, convocadas por la Plataforma contra la Ampliación de Barajas, demandan al departamento liderado por Óscar Puente la cancelación de los proyectos de ampliación de aeropuertos y el establecimiento de límites a las operaciones y emisiones generadas por estas infraestructuras.

Unas reivindicaciones compartidas por la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Palma, que a la misma hora ha ofrecido una rueda de prensa en la capital balear para denunciar los impactos asociados al incremento del transporte aéreo en el archipiélago.

Las acciones organizadas en Madrid y Palma se enmarcan en una iniciativa de ámbito europeo que, liderada por la red Stay Grounded, ha llevado a decenas de organizaciones a salir a las calles de París, Bruselas, Frankfurt, Ámsterdam y Londres para reclamar a sus gobiernos medidas similares. Estas ciudades, algunas de las cuales albergan los aeropuertos más grandes y transitados de Europa, sufren de manera creciente los impactos producidos por los miles de aviones que sobrevuelan a diario a millones de personas en el continente.

Según datos del International Council on Clean Transportation (ICCT), entre 2013 y 2019 el tráfico aéreo creció en la UE un 19 %, aumentando las emisiones de CO₂ en el mismo porcentaje. Con todo, las afecciones a la población no se limitan a los gases de efecto invernadero: la contaminación atmosférica y el ruido representan dos importantes problemas de salud pública.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mala calidad del aire es la causa de más de 250.000 muertes prematuras en Europa al año, siendo la aviación responsable de contaminar gravemente las zonas próximas a los aeropuertos. Por su parte, la exposición continuada al ruido del transporte genera anualmente 11.000 muertes prematuras y 40.000 casos de cardiopatías como infartos o anginas de pecho.

Las organizaciones convocantes han denunciado los constantes incumplimientos de la legislación vigente, especialmente sobre contaminación acústica, y reclaman a los gobiernos europeos medidas concretas para limitar y, posteriormente, reducir las operaciones y emisiones de los aeropuertos.

En este sentido, apuntan al ejemplo del aeropuerto de Amsterdam Schiphol y del Gobierno holandés, que han mostrado su voluntad por reducir el número de vuelos, eliminar los vuelos nocturnos, prohibir la aviación privada y abandonar los planes de construir una nueva pista. El propio aeropuerto neerlandés reconoció, en dos informes publicados en enero de 2024, que es necesaria una reducción de al menos el 30 % de sus emisiones y de las de la aviación europea respecto a 2019 de aquí a 2030 para cumplir el Acuerdo de París sobre el clima.

La situación en el Estado español es tremendamente preocupante, según las organizaciones convocantes de las movilizaciones. Por un lado, por el enorme incremento de las operaciones aéreas en el periodo 2013-2019, cifrado en un 33 %, 14 puntos por encima de la media europea. Por otro, por los planes del Gobierno y de Aena para ampliar la capacidad de numerosos aeropuertos, como fue anunciado recientemente con motivo de su actualización del Plan Estratégico 2022-2026.

Motivado por la rápida recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia, el gestor aeroportuario pretende llevar a cabo en los próximos años intervenciones para ampliar la capacidad de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Lanzarote, Málaga, Alicante, Valencia, Ibiza, Menorca, Santander, Bilbao y Melilla.

El transporte aéreo generado por España es causa de graves impactos sociales, ambientales y climáticos. Según la herramienta independiente Airport Tracker, los aeropuertos del Estado español generan anualmente más de 21 millones de toneladas de CO₂ y de ocho toneladas de óxidos de nitrógeno, el equivalente a las emisiones de 3.650.000 coches durante un año. Casi 7,5 millones de personas viven en un radio de hasta 20 kilómetros (zona en la que la concentración de partículas en suspensión procedentes de los motores sigue siendo muy elevada) de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma, los tres aeropuertos más contaminantes del Estado español.

En opinión de Pablo Muñoz, coordinador de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción, “el Gobierno debe reconducir su actual política de incremento exponencial del transporte aéreo en España y poner en marcha medidas para una progresiva limitación y reducción del mismo, acompañadas de procesos de transición justa para el sector. A diferencia de otros países europeos, el Estado español adolece de una hoja de ruta seria y realista para reducir los impactos de este medio de transporte y, de esta manera, poder cumplir con la legislación ambiental estatal e internacional”.