FACUA Madrid denuncia la insensibilidad de la CAM con los familiares de los ancianos fallecidos en residencias y exige que no les cobre

FACUA Madrid critica la insensibilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con los familiares de los ancianos que fallecieron durante la pandemia de Covid-19 por no haber sido derivados a hospitales o estar ingresados en residencias medicalizadas, y exige que se abstenga de cobrarles el coste de los centros.

Diferentes familias están denunciando que la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia, perteneciente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, les está haciendo llegar cartas en las que se les informa de la existencia de una deuda. En concreto, se les reclama el pago del periodo que sus ancianos pasaron ingresados en las residencias madrileñas durante la pandemia de Covid hasta el momento de su fallecimiento.

En este sentido, FACUA Madrid critica la absoluta falta de empatía del Gobierno de la Comunidad ante una situación tan delicada como la que han pasado esas familias, que vieron a sus mayores morir en las residencias de la región sin ser derivados para recibir atención hospitalaria o residir en residencias medicalizadas. Así, según han ido publicando diferentes medios de comunicación, las víctimas estuvieron en muchos casos aisladas, y a los familiares se les impidió visitarles o conocer su estado. Se desconoce, incluso, qué criterios se siguieron a la hora de decidir qué usuarios eran derivados a los hospitales y a cuáles se mantenía en las residencias.

La administración madrileña ha justificado el envío de estas cartas en que el pago de las residencias está regulado al tratarse de precios públicos, y ha señalado que “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas” y que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia“.

Derechos restringidos

La asociación señala que muchos de los derechos de los usuarios de las residencias, recogidos en el llamado Decálogo de Derechos del Usuario de Centros de Servicios sociales y/o Servicios de Acción Social, fueron restringidos en los centros madrileños durante la pandemia.

Aunque la propia norma recoge que algunos derechos pueden ser limitados en virtud de resolución administrativa o judicial, lo cierto es que sigue sin conocerse cuáles fueron los criterios seguidos en dicha restricción. Así, se les fue negada cualquier tipo atención hospitalaria y/o médica -ya fuera en el propio centro o externa-, las visitas y el contacto de los familiares fueron suspendidos y, en definitiva, no se recibieron la adecuada prestación de los servicios que necesitaban.

Las propias actas que levantó la Policía Municipal durante los primeros meses de pandemia han revelado la paupérrima situación en la que se encontraban las residencias y sus usuarios. Se estima que durante la primera ola de Covid-19 murieron 7.297 personas en centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Según se ha dado a conocer, la CAM incluso llegó a prohibir la derivación a hospitales de usuarios que no disponían de seguro privado.

Ante toda esta situación, FACUA Madrid exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que escuche a los afectados y se abstenga de exigir pago alguno a unas familias que se encuentran ya en una situación límite derivada de la propia actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y que acabó con el fallecimiento de sus mayores.