El Tribunal Constitucional avala, sobre la Ley de Vivienda, la posición defendida por la PAH y más de 100 organizaciones de la Plataforma Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda

En la nota de prensa hecha pública 21 de mayo, el Tribunal Constitucional anuncia su posición ante el recurso que, contra la ley por el derecho a la vivienda, interpuso la Junta de Andalucía. El TC avala así la posición mantenida por La PAH y la iniciativa Ley Vivienda, en el sentido de que el Artº 149.1.1 de la Constitución, permite al Estado legislar en esta materia, por ser la vivienda un derecho universal, pese a que la propia Constitución otorgue la competencia exclusiva a las CCAA. El TC avala que, como tal Derecho Universal, el Estado tiene competencia para establecer un mínimo de igualdad entre las personas, con independencia de su lugar de residencia.

El posicionamiento del Tribunal reafirma nuestra denuncia sobre que cabía mayor ambición en una ley que pretende establecer tales mínimos de igualdad. Muchas de nuestras pretensiones, que el Gobierno rechazó, podían tener cabida en la ley definitiva y hubieran tenido el impacto necesario  para resolver el problema de la vivienda realmente  para garantizar el Derecho a la Vivienda, como el fin de los desahucios sin alternativa, el alquiler social obligatorio a grandes tenedores o las medidas para disponer del adecuado parque público, por ejemplo.

Aclarado esto, vemos sin embargo, cómo una de las medidas que proponíamos y sí recogidas en la Ley, el control de precios de los alquileres, en todas las CCAA gobernadas por el PP más Vox, se niegan a aplicar la declaración de zonas tensionadas, para bajar los precios del alquiler, ni han desarrollado los protocolos de mediación frente a los desahucios, entre otras medidas contenidas en la ley. Hasta el momento, sólo Cataluña, que también la recurrió, está aplicando estas medidas.

Tras la sentencia, que conoceremos en los próximos días en su totalidad, La PAH entendemos que es imprescindible la reforma de la ley, tanto por los aspectos parciales que el TC sí ha considerado que invaden competencias, como para incluir en la misma aspectos como los ya mencionados. Urgen medidas que obliguen a todas las CCAA, a garantizar esos mínimos de igualdad, en relación tanto con los alquileres, como introduciendo el alquiler social obligatorio. Estas medidas, junto a las que incansablemente planteamos desde La PAH, son necesarias para garantizar una convivencia democrática, puesto que los ataques cada vez más bestias de los fondos buitre y del capital especulativo no hacen más que aumentar la emergencia habitacional. 

Desde la PAH seguiremos luchando por ello.