Ecologistas en Acción solicita nulidad de actuaciones en Finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla)

El pasado 27 de febrero, en una Providencia firmada por el magistrado que lleva la investigación judicial por presunto delito ambiental (y de desobediencia) por la utilización de ocho captaciones para regar durante al menos 10 años la finca Aljóbar, sin tener autorización de la Administración hidráulica para ello, daba por personada a Ecologistas en Acción, asistido por un letrado de oficio.

Desde entonces, las distintas providencias y autos deberían ser comunicados en tiempo y forma, pero no ha sido así, encontrándonos con la sorpresa del levantamiento de medidas cautelares en el acto de confrontación el pasado 5 de junio, en el procedimiento administrativo de transmutación de derechos privados, donde la empresa que gestiona la finca, Eurotécnica Agraria, SA, pretende incorporar las 8 captaciones a su derecho concesional reconocido para el riego de 200 hectáreas.

Unas medidas que fueron comunicadas por el juez en un Auto fechado el pasado 20 de mayo y que no han sido trasladadas para recurso a Ecologistas en su momento, ni tampoco las actuaciones previas como el escrito de contrario solicitando el cese de medidas ni el escrito de oposición del Ministerio Fiscal.

Por ello, entendemos que existe un defecto formal en la normal tramitación de las actuaciones, por lo que Ecologistas considera que, conforme a lo preceptuado en el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos encontramos ante un acto procesal nulo de pleno derecho, al haberse producido una vulneración de las normas esenciales del procedimiento y que, sin duda, provoca indefensión por la limitación de nuestros derechos y posibilidades dentro del proceso.

Queremos mostrar nuestra disconformidad contra el citado auto de levantamiento de medidas cautelares, por lo que hemos pedido que se nos emplace para interponer recurso y se revoque el levantamiento de dichas medidas. A su vez se ha solicitado (al Colegio de Procuradores), un procurador en aras de facilitar el traslado de todas las actuaciones y presentación del recurso.

Resulta sorprendente que el visto bueno de la Oficina de Planificación, donde afirma que el acuífero está en buen estado y no supone un riesgo para su conservación, no haga mención alguna a la situación legal de las ocho captaciones que pretende incorporar a su aprovechamiento, las mismas que está investigando el juzgado por “riegos ilegítimos”. Dejar en manos de la propiedad el uso de los pozos desprecintados, a pesar de la advertencia del Seprona de no hacer uso de los mismos mientras la documentación esté en trámite y el proceso no ha finalizado, es una muestra más de la complacencia que la Confederación Hidrográfica parece tener con los grandes latifundistas andaluces.