El próximo miércoles 3 de julio, el Sindicat de Barri de Carolines intentará impedir el desahucio de una compañera y su familia, en C/ Pasaje Artesanía (Valencia)

Comunicado

Una compañera, su hijo de 6 años con alto grado de discapacidad y su marido, notienen alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse en la calle. Las vecinas y compañeras del Sindicat acudiremos para defender su hogar y nuestro derecho a la vivienda, para poner de relieve nuevamente la inoperancia de las instituciones frente a los grandes problemas de vivienda estatales.

Aunque la compañera posee informe de vulnerabilidad actualizado y no recibe ningún tipo de ayudas, ya que están solicitadas pero aún no ha podido percibirlas, no ha sido suficiente para poderse acoger al Real Decreto-ley 8/2023, demostrando una vez más su nula protección.

A ésto se suma la situación de su hijo de 6 años, que padece una grave enfermedad sobrevenida llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene lastrado a una silla de ruedas y le hace necesario asistir al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, de Alicante.

En el auto de hace dos meses, el juez desestimó la suspensión del lanzamiento aludiendo a que es un procedimiento entre personas físicas y que el juzgado no puede caer en el error de suplantar la labor de protección del Estado. El juez insta a los servicios sociales a adoptar medidas efectivas y a las autoridades legislativas a revisar la norma del RD 8/2023, ya que se dictó para dar una solución temporal en un contexto determinado y se está consolidando en el tiempo.

Los servicios sociales ofrecieron una vivienda adaptada en Orihuela Costa que finalmente la familia ha aceptado, pero los trámites para su habilitación, igual que en el caso de la anciana de 77 años desahuciada hace unos días en Alicante, no han llegado a tiempo de evitar que la familia se quede en la calle. El caso que nos atañe es entre dos particulares, pero a diferencia de la parte arrendadora, la parte arrendataria posee 6 viviendas a su nombre, por lo que no las necesita para vivir y nunca podemos ponerla en el mismo lugar que la familia afectada. No es sólo un problema de bancos y fondos buitres, son nuestros propios vecinos los que han normalizado el discurso de la vivienda como negocio y ponen el máximo beneficio por encima de los derechos humanos.

Una vez más, rechazamos de manera frontal la visión de la vivienda como un bien de mercado y de la especulación como un negocio legítimo. El rentismo nos está empobreciendo y nos está expulsando de nuestros barrios. Instamos a la organización de la clase trabajadora para frenar la escalada especulativa que intenta convertir nuestros barrios en moneda de cambio para sucios negocios.

¡Siempre nos tendrán enfrente! Força Sindicat!