CEAR lamenta que dos años después de la muerte de Aylan Kurdi sigan sin garantizarse vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas

El cuerpo sin vida de Aylan Kurdi amaneció el 2 de septiembre de 2015 tirado en una playa turca, tras el fallido intento de su familia por alcanzar las costas europeas. Sus padres trataron de solicitar asilo en Canadá, pero este país nunca les concedió un visado en sus embajadas en Oriente Medio. Si se le hubiese garantizado un pasaje seguro, quizás hoy no tendríamos que recordar la imagen de su cuerpo tirado en la arena. Desgraciadamente la falta de voluntad política seguirá llevando a la muerte a miles de personas obligadas a jugarse la vida en mar

Han pasado ya dos años desde aquella conmovedora imagen que golpeó duramente las conciencias europeas, y que provocó un giro en los discursos y compromisos políticos con los refugiados. Repasamos dos años de cumbres fallidas, acuerdos ilegales y compromisos incumplidos.

La subasta de refugiados, incumplimiento tras incumplimiento

La icónica imagen de Aylan provocó una presión mediática y social sin precedentes, y menos de un mes después de que su foto llenara las portadas de periódicos en todo el mundo, se multiplicaron los compromisos acordados para la acogida de refugiados. A día de hoy, el compromiso de los Estados Miembro de la Unión Europea de acoger a 182.504 antes del 26 de septiembre de 2017, está a años luz de cumplirse. España solamente ha acogido a 1.888 refugiados (un 11%), y Europa a un 24%. Todavía faltan casi 140.000 personas por llegar.

Acuerdos ilegales que vulneran Derechos Humanos

En marzo de 2016, los Estados Miembro de la Unión Europea y Turquía firman e inmediatamente ponen en marcha un acuerdo que vulnera la normativa europea e internacional en materia de asilo por considerar a países como Turquía ‘país seguro’, por el carácter colectivo de las expulsiones y por el criterio de expulsión basado exclusivamente en la nacionalidad.

“Lo único que ha demostrado este infame acuerdo es que, por muchos obstáculos mortales que se trate de poner a las personas refugiadas, siempre buscarán nuevas rutas. La única diferencia es que cada vez serán más peligrosas y mortales. Este acuerdo ilegal, inmoral e inhumano solo ha servido para aumentar el sufrimiento de quienes tratan de poner su vida a salvo”, denunciaba Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

CEAR denunció este acuerdo ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, con el apoyo de 294 organizaciones y más de 12.000 firmas individuales. Ante esta denuncia, la Defensora del Pueblo Europeo sugirió que la Comisión debería incluir en sus próximos informes aquellos aspectos que conllevaran riesgos para el respeto de los derechos humanos, y medidas para minimizar estos impactos.

A día de hoy, este acuerdo continúa provocando muertes y sufrimiento al obligar a tomar rutas cada vez más peligrosas a las personas refugiadas y migrantes.

Asimismo, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción sobre políticas migratorias en el Mediterráneo Central ante el aumento de llegadas a Italia, y la sucesiva demanda del gobierno de este país en tomar cartas en el asunto. Este plan insta a tomar medidas centradas en la externalización de fronterasa través de acuerdos de cooperación y refuerzo de la seguridad en países como Libia, Mali o Níger. Medidas financiadas por el fondo fiduciario, instrumento supuestamente creado para mejorar la vida de las personas en los países de origen.

Estas decisiones son solo una pieza más en el tablero de los líderes europeos para externalizar las fronteras y contener la migración, “las políticas migratorias de los líderes europeos centradas en blindar y alejar fronteras conducen a la muerte a personas que tenían en Europa su última esperanza para salvar sus vidas”, apunta Estrella Galán.

Criminalizar a quienes salvan vidas

Es especialmente preocupante la deriva que está tomando la criminalización de las ONG que rescatan vidas en el Mediterráneo. La puesta en marcha de un Código de Conducta para “regular” la actividad de las ONG que están salvando vidas en el Mediterráneo fue otra de las decisiones acordadas en Tallín el pasado 4 de julio. Algunas ONG como Médicos Sin Fronteras se han negado a firmar dicho acuerdo, entre otros motivos porque vulnera uno de sus principios básicos, como es la presencia de cuerpos de seguridad armados a bordo. Las intimidaciones, persecuciones, e incluso intentos de secuestro, han obligado a muchas de ellas a retirarse, y por tanto, a dejar que las personas migrantes y refugiadas se sigan jugando la vida en el Mediterráneo para llegar a un lugar seguro.

“Las personas que atraviesan el mar lo hacen únicamente por las situaciones de peligro que afrontan en sus países, y poner trabas a quienes tratan de salvar vidas solo supondrá aumentar el número de muertes”, concluye Estrella Galán.

Dos años después de la muerte del pequeño Aylan, no hemos conseguido que el impacto que supuso su tragedia haya evitado más fallecimientos. En este tiempo, al menos 6.671 personas han perdido la vida o desaparecido en el Mediterráneo en su intento por llegar a Europa.

Desde CEAR demandamos por ello la urgente puesta en marcha de vías legales y seguras y un cambio en el enfoque de la política migratoria europea, que tenga en cuenta las causas reales de la movilidad humana y que, ante todo, priorice la vida de las personas.