Qué dice el proyecto del Gobierno de Milei que habilita el uso de fuerzas militares en las calles
El Ministerio de Defensa busca el aval del Congreso para permitir la participación del Ejército frente a «actos de terrorismo».
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El Gobierno argentino de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca habilitar la participación de fuerzas militares en asuntos de seguridad interna.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales ruedas de prensa. La iniciativa plantea la modificación del artículo 27, de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis.
«Se propone que además de las acciones previstas, como el mantenimiento de la paz, las fuerzas (militares) trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia», dijo Adorni.
No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae.Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represion.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 3, 2024
Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo. No nos comamos la curva. pic.twitter.com/UHsmLWXlMj
«Estado de sitio encubierto»
El plan de la Casa Rosada lleva la firma del ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y ya fue cuestionado por el extitular de Defensa durante la gestión de Alberto Fernández, Agustín Rossi.
El dirigente peronista afirmó que el Gobierno está sentando las bases para un «estado de sitio encubierto».
«No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae. Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represión. Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo», manifestó.
La normativa busca modificar leyes que se fueron implementando tras la recuperación de la democracia, en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. Esto, luego de una dictadura militar que cometió crímenes atroces durante siete años, con la excusa de «aniquilar el accionar de la subversión», como denominaban a los grupos políticos armados que operaron en los años 70.
«Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros«, manifestó Agustín Rossi.
Qué dice la modificación de la ley
El proyecto oficialista había sido anticipado en marzo, en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde grupos delictivos dedicados al narcotráfico tienen en vilo a la población.
«En los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes, estuviese obligado a utilizar medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectiva, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso», dice el texto enviado desde el Ejecutivo al Parlamento, según reportó El DiarioAr.
Actualmente, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.
La reforma que impulsa la administración libertaria busca eludir esta obligación de declarar el estado de sitio, aunque supedita la actuación militar a un pedido expreso de un comité de crisis que es el que debe definir como acción terrorista a los hechos que producen conmoción interna en el territorio.
Asimismo, dispone que el patrullaje de fuerzas militares debe estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad, y que la presencia de las Fuerzas Armadas deberá contar con «la conformidad expresa» del gobernador de un distrito.