El Gobierno deniega asilo a un saharaui perseguido por Marruecos perteneciente a una familia con tres miembros en prisión

El Ministerio del Interior ha denegado protección internacional a un activista saharaui de Derechos Humanos perseguido por el régimen marroquí, que mantieneencarcelados a varios miembros de su familiacumpliendo severas condenas por participar en las reivindicaciones del campamento de Gdeim Izik.

La condición de apatrida le ha sido denegada por parte del departamento del que es titular el magistrado Fernando Grande-Marlaska se ha tomado en contra de la recomendación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Abdulsalem Abdullah Khalifa, conocido comoAbdeslam Dichakour, de 29 años, se encuentra en la sala de inadmitidos del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a donde llegó procedente de Casablanca (Marruecos).

Solicitó asilo, según costa en su petición, por la persecución que sufre desde hace por las autoridades marroquíes debido a su activismo en pro de los Derechos Humanos, por lo que ha sido detenido en repetidas ocasiones, llegando a ser agredido,torturado y desaparecidodurante horas en comisarias clandestinas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Abdeslam forma parte de una familia conocida por su actividad en defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, por el que han sido y siguen siendo perseguidos. Su madre,Fatma Hassana, estuvo encarcelada ydesaparecidadesde 1979 hasta 1981.

Su tío, Mohamed Hassana Brahim, conocido con el apellido impuesto por Marruecos comoMohamed Bourial, tiene una pena de30 añosde prisión;Mohamed Embarec Ali Salem, unprimo hermano, está condenado a25 añosde cárcel, y otro primo,Sidahmed Farachi Lich, cumple cadena perpetua.

Los tres fueron enjuiciados por los hechos de Gdeim Izik, el campamento de la libertad que 20.000 saharauis levantaron en octubre de 2010 a las afueras de El Aaiún -capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización-, parareivindicar sus derechossociales, económicos y culturales y que fuearrasadoun mes después por el ejército y la policía marroquíes.

Adeslam tiene dos hermanos con residencia en España y el mayo llevaquince añossin poder entrar en El Aaiún y visitar a su madre.

La defensa de Adeslam, ejercida por la abogadaIdania María Dávila, ha recalcado el hecho de que Adeslam proviene de una familia de activismo histórico perseguida en su totalidad, que sus casas han sido asediadas y se les impide realizar cualquier movimiento, incluidovisitar a sus familiaresen las cárceles de Marruecos.

Dado que su vida es un continuo enfrentamiento con las autoridades de ocupación, que le impiden cualquier derecho fundamental y le obligan a abandonar su luchasi quiere salvar la vida, se ha visto obligado a solicitar protección internacional.

La letrada indica que la situación de Adeslam es un caso claro de necesidad de protección, al ser un activista conocido en los territorios ocupados y por haber sidocastigado severamentepor Marruecos simplemente por defender su derecho a la autodeterminación y pertenecer a una familia de activismo histórico, que ha sufrido en sus propias carnes la violación más absoluto de todos sus derechos básicos.

Durante la tramitación de la petición de asilo y condición de apátrida la defensarechazó la intervención de un intérprete marroquí. Para ello alegó una recomendación delDefensor del Pueblopara que en las solicitudes de protección internacional presentadas por saharauis se establezca la asistencia deintérpretes de hassania(dialecto árabe que se habla en el Sáhara) y que, en todo caso, “se evite la asistencia de interpretes marroquíes”.

Para hacer esta recomendación, la Oficina del Defensor del Pueblo expuso que solicitantes saharauis se habían quejado de que los intérpretes no recogíande forma correctasus declaraciones al no conocer el hassania, y que manifestaron “una especial desconfianza por el hecho de que fuerande nacionalidad marroquí”.

El Defensor del Pueblo razonó que “en casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan acuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”.

La defensa del activista saharaui tiene ahora un plazo de dos días reclamar un reexamen de la petición de asilo.