Los colectivos vecinales denuncian a la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea por no hacer públicas las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro

Un año después de que una delegación del Movimiento No a la Tala compareciese en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para pedir la apertura de una investigación por los destrozos en el arbolado y zonas verdes de la ampliación de la línea 11 de Metro, los colectivos vecinales vuelven a recurrir a las instituciones europeas para defender el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones administrativas que la afectan. El pasado lunes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en nombre de este movimiento, presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por incumplir una directiva europea relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ni en el BOE las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Este hecho, que también ha sido denunciado ante el Parlamento Europeo ampliando la citada petición de investigación de las talas (que sigue abierta en Bruselas), ha privado a la ciudadanía y en primer lugar a las personas afectadas por las obras, de su derecho a la información y a poder realizar propuestas y alegaciones en esa fase del procedimiento.

Tal y como expone la FRAVM en sus denuncias, el proyecto de construcción de la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid (tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal), promovido por la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de julio de 2020. Sin embargo, la autorización del proyecto, aprobado el 25 de noviembre de 2021, no fue publicada en los boletines oficiales citados, impidiendo a las personas interesadas su acceso a la información y a poder recurrir. Y lo mismo sucedió con el proyecto constructivo modificado, que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada con Informe de Impacto Ambiental de fecha 14 de noviembre de 2023. En este segundo caso, la Comunidad de Madrid no solo no ha publicado la autorización del proyecto sino que a día de hoy ni siquiera se tiene constancia de su finalización y autorización, más allá de una nota de prensa del Gobierno regional.

Resulta increíble que las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro se encuentran en ejecución desde noviembre de 2022, provocando unas afectaciones importantes en la población y el medio ambiente, al amparo de un proyecto constructivo final que se desconoce y, por lo tanto, no se puede recurrir.

Recordemos que el movimiento No a la Tala ya denunció numerosas irregularidades en este proyecto, obligando a la Comunidad de Madrid a tramitar una evaluación ambiental simplificada en 2023, con la consiguiente reducción de talas (unos 500 árboles, la mitad de los previstos en 2022). Desde entonces, las obras se están llevando a cabo en el parque de Comillas, Madrid Río, el paseo de Delicias y su entorno, Atocha y Conde de Casal, con gran impacto para la vecindad. En Comillas, las obras siguen desarrollándose a 25 metros del colegio Perú sin que los sistemas de refrigeración hayan entrado en funcionamiento. Los camiones siguen entorpeciendo el flujo de niños hacia y desde el colegio y las barreras sonoras no han supuesto una reducción apreciable del ruido en el colegio. Tampoco se están realizando medidas públicas de contaminación y ruido. En Delicias, el inicio de las obras este verano ha generado un caos en el tráfico y numerosas molestias a la vecindad por ruido y polvo, debido a la cercanía de las obras a las viviendas, además de una fuerte preocupación ya que los vecinos miran de reojo las demoliciones de viviendas en San Fernando de Henares a causa de la línea 7B y el retraso anunciado ahora en las obras de ampliación de la L3 por filtraciones de agua. Muchos negocios están siendo muy perjudicados, llevándolos incluso a tener que cerrar. Por todo ello, los colectivos vecinales denuncian que la Administración madrileña se empeña en dar la espalda a la ciudadanía e insisten de nuevo en la creación de una comisión de seguimiento, que ayudaría a atender a los afectados ante los infinitos problemas que ya están surgiendo.

Ahora, con esta nueva irregularidad, la Comunidad de Madrid ha vulnerado los artículos 9 y 11 de la Directiva 2011/92/UE y su transposición en los artículos 42 y 48 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de ámbito estatal, al no haber cumplido con el trámite de “autorización del proyecto y publicidad”, lo que ha privado “a la ciudadanía de un acceso a la información y a la posibilidad de recurrir a la justicia en la fase de autorización del proyecto”. “No sabemos si la transposición de la ley no está clara para la Administración española, pero se incumple”, subraya la FRAVM en la denuncia enviada a la Comisión Europea, que ahora tiene un plazo de doce meses para estudiarla y decidir si abre un procedimiento formal de infracción.

Enrique Santiago exige a Díaz Ayuso desde San Fernando de Henares que “tome una decisión” y “no entorpezca la solución” a los graves problemas por las obras de la Línea 7B del Metro

El portavoz parlamentario y la responsable federal de Vivienda de Izquierda Unida, Carolina Cordero, visitan invitados por la Plataforma de Afectad@s por la Línea 7B la ‘zona cero’ de la localidad madrileña donde se aprecian las trágicas consecuencias del catastrófico proyecto impulsado por distintos ejecutivos autonómicos del PP y del que nunca se han hecho responsables, por lo que pide a la derecha que deje actuar al Gobierno estatal 

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido esta mañana al Gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que “tome una decisión” y “si va a seguir haciendo dejación de sus funciones, por los menos que no entorpezca la solución”, en relación a los graves problemas que desde hace cerca de tres lustros arrastran sin respuestas ni soluciones satisfactorias cerca de 600 familias afectadas por la construcción de la Línea 7B del Metro.
Santiago ha hecho estas declaraciones desde la ‘zona cero’ de la localidad de San Fernando de Henares donde se aprecian las trágicas consecuencias del catastrófico proyecto impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP y del que nunca se han hecho responsables. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y Carolina Cordero, responsable federal de Vivienda de IU y portavoz de IU Madrid, visitaron la zona junto al portavoz de la Plataforma de Afectad@s por la Línea 7B del Metro, Alejandro Escribano, y conversaron con vecinos y vecinas que soportan muy directamente este desastre.
“Que lo digan -insistió el diputado y dirigente de IU refiriéndose al Ejecutivo autonómico de Díaz Ayuso-, que digan que renuncian a dar soluciones a estas familias para que podamos activar la solución desde el Gobierno de coalición, que no tiene competencias directas, pero que llegados a este extremo y ante la suprema incompetencia de la Comunidad de Madrid pues será necesario”.

Explicó en declaraciones a los medios que había llegado a esta conclusión tras haberle llamado “poderosamente la atención” dos cuestiones: “por un lado, la gravedad del alcance de este desastre organizado por la falta de previsión” del Ejecutivo madrileño y, por otro, pese a los muchos años transcurridos, “la absoluta irresponsabilidad y dejadez de la Administración autonómica con este problema”.

“Nos sorprende -aseguró- que cuando se rompe un banco en el barrio de Salamanca, esa misma tarde está arreglado. En cambio, cuando la Comunidad de Madrid hunde 600 viviendas por no tomar las medidas preventivas necesarias, pueden pasar 15 años porque se trata de familias trabajadoras y no atiende lo que es una mínima obligación”.
 
Enrique Santiago adelantó que “estamos estudiando con todo detalle qué podemos hacer para que la Comunidad de Madrid deje de obstaculizar la solución al problema”. Advirtió, además, que “esperemos que tome medidas para que esto no se reproduzca” y reconoció que “estamos sumamente alarmados con los últimos informes técnicos que hemos conocido, que estaban tapados de alguna forma por la Comunidad de Madrid”,  porque “todo esto se puede reproducir en cualquier momento en el municipio de Coslada”.

“Como esto ocurriera nos plantearíamos ya seriamente actuar por la vía penal contra la Comunidad de Madrid”, porque “se pondría ya en riesgo la integridad de familias de una forma absolutamente irresponsable”.

Durante la visita y las charlas con los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares los representantes de IU comprobaron las graves consecuencias de las obras que se mantienen a día de hoy. Además de las familias que directamente perdieron su vivienda, están las que soportan ruidos constantes, interrupciones en el suministro de servicios básicos y problemas de movilidad, al margen del temor a nuevos y aún más peligrosos hundimientos del terreno.

Hay que destacar que las primeras grietas aparecieron en el 2009, antes de que se cumpliera un año de la inauguración del tramo. Desde entonces, hay más de 600 familias afectadas, se han producido cerca de 60 derribos y la continuidad de la línea de Metro sigue en el aire.

Carolina Cordero, por su parte, subrayó que “estas obras nunca debieron producirse, solo han provocado vidas rotas para cientos de familias” e incidió, además, en que “el problema se extiende y está afectando de manera directa a los vecinos y vecinas de Coslada”.
La responsable federal de Vivienda de IU enfatizó que Isabel Díaz Ayuso “debe de dejar de batallar contra Pedro Sánchez” y “asumir su responsabilidad” en la falta de respuesta a lo ocurrido, permitiendo un “plan integral entre todas las administraciones: estatal, autonómica y local”.