Organizaciones y redes ambientales y sociales instan al Gobierno a defender con firmeza la legislación ambiental europea ante los intentos de retroceso

Ecologistas en Acción, junto con otras 20 organizaciones y redes de defensa del medio ambiente y los derechos sociales, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo una postura clara y contundente en la defensa de la legislación ambiental europea y española. La carta, que también ha sido remitida a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, subraya la urgencia de mantener el compromiso del Gobierno y no ceder a presiones que buscan desregular, retrasar o retroceder en la protección de la naturaleza y los derechos sociales.

Las organizaciones expresan su preocupación por la reciente propuesta de la Comisión Europea de aplazar un año la entrada en vigor del reglamento sobre productos libres de deforestación (2023/1115), lo que supondría la destrucción de 2.300 km2 de bosque y provocaría 49 Mt de emisiones de GEI . Además, se defraudaría a millones de ciudadanas y ciudadanos europeos que pidieron este reglamento, y se penalizaría injustificadamente a innumerables empresas y pequeños agricultores –incluso fuera de la UE– que lo han apoyado con firmeza.

Esta propuesta de aplazamiento se suma a los retrocesos en la protección del lobo (Convenio de Berna); a las medidas y condicionantes agroambientales para perceptores de la PAC (2024/1468); al rechazo al Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR); y al retraso en la modificación del Reglamento REACH .Todo esto ocurre mientras la comunidad científica advierte en su informe sobre el estado del clima en 2024 que “estamos al borde de un desastre climático irreversible”, en una sociedad donde el 50% del PIB mundial, estimado en 44 billones de dólares, depende de la naturaleza.

Las organizaciones instan con esta carta a que España manifiesta públicamente y vota en contra de la propuesta de la Comisión Europea de retrasar la aplicación del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación en el Consejo de la UE, así como que se oponga con firmeza a cualquier intento futuro de reabrir o rebajar la ambición de la Ley de Restauración de la Naturaleza en todos los órganos de la UE.