Maíllo pide “reforzar la alianza social y apoyar la movilización unitaria” para responder así a un “PSOE timorato” en temas como la vivienda y que el Gobierno “canalice las demandas” de la gente
- El máximo responsable de Izquierda Unida afirma al presentar su Informe Político ante la Coordinadora Federal que “la vivienda y la migración son los grandes debates”, exige a las comunidades autónomas que gobierna el PP que “cumplan la ley” y lamenta que el caso de las personas migrantes “se haya convertido en el primer problema percibido” porque “la extrema derecha y la derecha vienen construyendo este relato vinculando inmigración a delincuencia”.
El máximo responsable de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado durante su intervención ante los/as miembros de la Coordinadora Federal -máximo órgano de dirección ente asambleas de la formación- “reforzar la alianza social” y “seguir apoyando la movilización y tener un papel importante desde el punto de vista político” para responder a las demandas de la gente y hacerlo “de manera unitaria”, como ha ocurrido con las recientes y exitosas manifestaciones sobre la vivienda.
Maíllo entiende que la “movilización popular” es la mejor manera para “permitir que después haya un Gobierno que sí asuma y canalice a través de su fuerza en el Congreso de los Diputados esas aspiraciones populares”.
Durante el pormenorizado análisis político que realizó para exponer su Informe Político de coyuntura en el encuentro telemático del órgano directivo de IU -informe que fue aprobado por 70 votos a favor, 6 en contra y 30 abstenciones-, puso el ejemplo del significado de varias manifestaciones recientes y señaló que “son estas movilizaciones sociales las que pueden doblar el pulso o la reserva de un PSOE timorato” en asuntos complicados como la política de vivienda, donde el partido de Pedro Sánchez “no se atreve a hacer una cirugía radical en la que nosotros tenemos posiciones muy claras desde Izquierda Unida”.
Enumeró algunas de las propuestas que defiende su formación, como “la creación de 600.000 viviendas públicas, reactivar el parque de vivienda, desincentivar fiscalmente la vivienda turística para pasarlas a vivienda de alquiler de larga estancia”, entre otras “y desde luego establecer topes a los alquileres en las zonas tensionadas”.
Recordó que “también somos partidarios, y lo contempla la Constitución, de la expropiación a los grandes tenedores de vivienda, en caso de necesidad y por utilidad social y emergencia”.
Antonio Maíllo exigió a las comunidades autónomas que “deben cumplir la ley”, en especial las gobernadas por el PP, y dejar de boicotear las medidas que contempla la Ley de Vivienda del Ejecutivo estatal. Indicó también que iniciativas como la del Bono Joven, realizadas por la parte socialista mayoritaria del Gobierno, “no son más que transferencias indirectas e implícitas de dinero del Estado a los propietarios de vivienda”. Hasta el punto de que “algunos calculan las subidas que realizan para que al final esa ayuda vaya a sus manos y no sirva para paliar los costes del alquiler de las personas que lo sufren”.
El coordinador federal de IU contrapuso que si se deja a un lado la movilización y “circunscribimos la negociación y el cumplimiento del programa electoral y de nuestras propuestas a una negociación aritmética e institucional, sencillamente por la correlación de fuerzas existente podemos llevarnos grandes dosis de la melancolía y no estamos para eso”.
“Estamos -remarcó- para que desde ese impulso social construyamos una esperanza desde un Gobierno que sea amigo de las reivindicaciones populares y que estas se organicen de manera masiva y sean hegemónicas”.
Maíllo interpeló a todas las federaciones territoriales que componen la formación que lidera a que “el papel de Izquierda Unida sea garantizar el carácter unitario de estas movilizaciones”. Solo así, “desde sindicatos hasta asociaciones de vecinos y desde un papel de colaboración de las organizaciones políticas” podrá haber “un protagonismo colectivo o no habrá protagonismo de nadie”, además de contribuir a que sigan siendo movilizaciones unitarias y evitar la tentación de fragmentar”.
“La economía mejora, el empleo también, las condiciones salariales también, pero si no hay un equilibrio en esa transferencia de renta que se produce de la mejora salarial y a los pagos de la vivienda por compra o por alquilar, evidentemente se está neutralizando esa conquista salarial”, argumentó.
De igual forma, recordó que “apoyamos la propuesta de reducción de jornada laboral del Ministerio de Trabajo, impulsada por los sindicatos, y apoyamos la movilización de los sindicatos”, de la misma forma que “apoyamos también que si no se llega a un acuerdo con la CEOE, se siga adelante por parte del Gobierno con dicha norma, con o sin consenso con los empresarios. No podemos llevar 40 años sin una modificación de la jornada laboral en nuestro país”.
“Por el contrario -apuntó-, no apoyamos la propuesta inicial, que fue un globo sonda que afortunadamente se ha desinflado gracias a la movilización y la reacción masiva en contra, de la baja laboral a la carta. Ese no es el camino para mejorar las condiciones del trabajo en nuestro país”.
Antonio Maíllo resumió que, a día de hoy, “la vivienda y la migración son los grandes debates” y en el segundo caso “a pesar de que los datos no justifican la preocupación de los españoles y las españolas, aunque se haya convertido en el primer problema percibido”.
Aseguró que “independientemente de la confección de la encuesta” del CIS que así lo refleja, consideró “indudable” que desde hace meses “la extrema derecha y la derecha vienen construyendo este relato vinculando inmigración a delincuencia”.
“Es algo que tenemos que combatir y abordarlo desde nuestra posición, desde los datos y la racionalidad”, dijo, porque nuestro país “necesita la inmigración y no lo decimos sólo nosotros, también lo dicen las organizaciones sociales. Lo que hacen falta son buenos trabajos y buenos salarios. El problema de la inmigración es ficticio y está motivado para generar una alarma donde no la hay”.
Por el contrario, el líder de IU reconoció que “sí existe un problema para la infancia inmigrante”, a raíz de “la saturación de los centros de acogida en Canarias y del boicot que están haciendo algunos gobiernos autonómico del Partido Popular y el propio Partido Popular en el Congreso, negándose a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”.
Valoró el esfuerzo “por parte del Gobierno de llegar a un acuerdo para su modificación” y mostró un apoyo expreso a “las gestiones que se hagan desde el Ministerio de Infancia y Juventud para llevarlo a buen puerto”.