Podemos y Alianza Verde llevan al Congreso la autorización de la Junta de Andalucía para establecer una balsa de residuos tóxicos en Cortegana (Huelva)

La diputada Martina Velarde ha registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica para recabar la opinión del Gobierno sobre el controvertido proyecto minero.

El proyecto prevé un depósito con capacidad para 15 millones de metros cúbicos a unos 700 metros de las casas de Valdelamusa, una barriada de la localidad de Cortegana. Como consta en el expediente y reconoce la propia minera, en la balsa se depositarán residuos con “una alta concentración de sulfuros y alto potencial generador de ácidos” que se consideran “peligrosos”.

Este proyecto ya cuenta con el rechazo vecinal, y de los colectivos ecologistas, ya que no sólo afectaría a los pueblos de la zona, sino a toda la provincia de Huelva, debido a que los residuos contaminarán, en gran medida, el barranco del Tamujoso, el cual recorre gran parte de la provincia hasta desembocar en la ría de Huelva. Esto pondrá en riesgo las reservas de agua, tanto para beber, para regar, como para cualquier otro uso esencial. Las aguas contaminadas afectarían riachuelos, barrancos y toda la biodiversidad que de ellos depende. Asimismo, la liberación de partículas tóxicas al aire, podría conllevar un aumento significativo en enfermedades mortales como diversos tipos de cáncer, problemas respiratorios, abortos, malformaciones y muchas otras afecciones graves.

La dirigente morada entiende que “la apuesta del Gobierno de Moreno Bonilla por este tipo de proyectos contaminantes favorece que Andalucía siga siendo el vertedero minero de multinacionales sin escrúpulos que vienen a nuestra tierra a sacar el máximo beneficio a costa de alterar y contaminar el medio natural, como ocurrió con Boliden en el pasado o como puede volver a ocurrir si finalmente se reabre la mina de Aznalcóllar”.

En este sentido, Velarde, entiende que el Gobierno debe tomar “cartas en el asunto” y le pregunta a Teresa Ribera si conoce el proyecto y el proceso por el cuál se ha concedido la autorización medioambiental. Así mismo, la diputada plantea que “teniendo en cuenta los precedentes en este tipo de proyectos, y sus consecuencias, si tiene pensado el gobierno intervenir y si, específicamente el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de sus competencias, tiene pensado tomar alguna medida para paralizar el proyecto teniendo en cuenta el principio de precaución”.

Por último, la coordinadora andaluza de Podemos interpela a Ribera si, en el ejercicio de sus competencias, entiende que existe conflicto de intereses o incompatibilidad en la tramitación administrativa en la Autorización Ambiental Unificada, dado que el alto cargo que firma la autorización, Pedro Yórquez Sancha, es familiar de un trabajador de la compañía.