Ganemos Córdoba exige coordinación entre administraciones para políticas de vivienda

Ganemos Córdoba alerta del incremento de los desahucios en la provincia de Córdoba y señala al Partido Popular como responsable político del marco jurídico que los permite, “unas leyes cuestionadas incluso por los tribunales europeos, en base a las cuales aún pueden los bancos desahuciar a familias de su única vivienda y dejarlas con una deuda de por vida”, denuncia Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos.

Ganemos Córdoba ha reclamado la constitución de la Comisión de Seguimiento de políticas de viviendas aprobada el pasado mes de febrero en pleno con el objeto de que haya mayor coordinación entre administraciones para afrontar la emergencia habitacional. Según el acuerdo plenario, en esta comisión, “deberían estar presentes al menos la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, y la Plataforma 15M Stop Desahucios, autora de la moción en la que se enmarcó el acuerdo”, afirma Rafael Blázquez.

En referencia a la Junta de Andalucía, máximo órgano competente en materia de vivienda, Blázquez ha manifestado la necesidad de muchísimas más vivienda destinadas al alquiler social. “Esta bien orientar el Plan de Vivienda y Rehabilitación al alquiler y al alquiler con opción a compra y la rehabilitación, pero sin fondos suficientes y más viviendas no se va a poder afrontar la emergencia habitacional”

Blázquez ha aprovechado para felicitar la labor desarrollada desde la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, donde se atiende a familias amenazadas de desahucios, realojadas o en hacinamiento. Blazquez ha exigido al gobierno municipal “mayor respaldo a la oficina” en cuanto a personal, “urge al menos concluir la incorporación de un Técnico de Administración General, agilizar la incorporación de 2 trabajadoras sociales y una auxiliar administrativa”.

El concejal ha recordado también al gobierno municipal la necesidad de habilitar una instalación destinada al alojamiento temporal comunitario de familias en emergencia habitacional, “algo ya aprobado en nuestro acuerdo de presupuestos” ha manifestado Blázquez. En palabras del edil “esta instalación es imprescindible para atender el día a día y los casos más urgentes y es necesaria para poder hacer una atención social integral y acompañarlas con otros colectivos en un proceso de empoderamiento”.

Sobre la OPIH (Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Córdoba)

Por su parte, la concejala Mª Ángeles Aguilera, también diputada, ha comentado que la situación de la provincia es igual de grave que en la ciudad. Aguilera ha denunciado nuevamente que la OPIH es un proyecto “poco claro”en el que aún se desconoce el personal destinado, “y sin personal adicional, no hay programa efectivo”, advierte. Aguilera manifiesta que los convenios firmados tanto con el Colegio de Abogados como con Cajasur son “ínfimos” y responden más bien a una política “de escaparate” que no de atención real a la grave crisis del derecho a la vivienda. Por una parte el convenio con el Colegio de Abogados de Lucena tiene asignado una cantidad de 3000€ con el que se podrían hacer apenas una veintena de consultas para toda la provincia, mientras que el convenio firmado con Cajasur sólo contempla alquileres con una permanencia de 6 meses, periodo “insuficiente” para el proceso de reestructuración familiar que necesitan las familias afectadas por desahucio.

Ganemos Córdoba recuerda que el panorama es desolador, los datos del CGPJ alertan de que en la provincia se invierte la tónica de lo que ocurre en el resto del país, los desahucios se han incrementado un 4’3% en el primer trimestre del 2016 respecto al 2015. Diariamente se inician en la provincia 4 nuevos procedimientos de ejecución hipotecaria y se ordenan dos desahucios, uno por impago de alquiler y otro por impago de hipoteca.