FACUA reclama al Gobierno que incluya a Andalucía, Catalunya, Baleares y Aragón en su paquete de medidas urgentes por la DANA

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que incluya a los municipios de Andalucía, Catalunya, Baleares y Aragón afectados por la DANA entre los beneficiarios del primer paquete de medidas urgentes puesto en marcha por valor de 10.600 millones de euros.

Se trata de una de las reivindicaciones que Olga Ruiz y Rubén Sánchez, presidenta y secretario general de la asociación respectivamente, van a trasladar a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en la reunión que van a mantener este miércoles 6 de noviembre a las 15.00 horas.

La asociación valora positivamente este paquete de medidas que recoge la mayoría de las reivindicaciones trasladadas al presidente del Gobierno y al ministro de Consumo, pero considera que hay puntos que requieren mejoras para ser más garantistas con los derechos de los consumidores y evitar interpretaciones interesadas por parte de las empresas.

FACUA ha comprobado que en el Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 aparece un anexo con el listado de las 78 localidades que se podrán beneficiar de estas ayudas, siendo todas ellas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

En Andalucía, Catalunya, Baleares y Aragón hay familias que han perdido viviendas y vehículos, así como instalaciones e infraestructuras que han quedado muy dañadas a consecuencia del temporal. Por ello, la asociación pide al Gobierno que no deje a ningún territorio atrás y que amplíe la lista de los municipios que se podrán acoger a su paquete de ayudas y medidas excepcionales para hogares, empresas y ayuntamientos.

Medidas del Gobierno

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno hay ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.

FACUA también ha pedido la paralización del pago préstamos e hipotecas por parte de las personas afectadas durante un año, plazo que el Gobierno ha limitado a tres meses y otros nueve con el abono solo de los intereses.

La asociación considera que a estas medidas debería sumársele que los inquilinos de viviendas de alquiler que no sean habitables puedan desistir o suspender el contrato durante el tiendo que duren las obras de rehabilitación, y prohibir a los arrendadores que puedan subir el precio de los alquileres como consecuencia de dichas obras o limpieza de la vivienda.