Redacción •  Actualidad •  20/11/2024

Santiago avisa que el PP “se burla del Congreso  y llega tarde, como con Mazón” al plantear una proposición sobre prisiones “cuando hace un mes se cerraron las enmiendas a otra casi igual”

  • El portavoz parlamentario de Izquierda Unida recuerda a la derecha que su “trabajo” en ningún caso debe ser “enfangar y sabotear a las instituciones del Estado y sí redactar proposiciones de ley sobre los problemas de la sociedad” y aprovecha para proponerles “y también a todos los grupos, un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, aliviar la sobrecarga y limitación de recursos de las/os funcionarios, abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, su escasa remuneración y la falta de medios técnicos para atender a los internos o la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas”.
Santiago avisa que el PP “se burla del Congreso  y llega tarde, como con Mazón” al plantear una proposición sobre prisiones “cuando hace un mes se cerraron las enmiendas a otra casi igual”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha denunciado en el Pleno del Congreso, no sin cierta ironía, que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo comete “una burla al Parlamento” al haber llevado esta tarde a debate una proposición -la PL de modificación de la Ley General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones-  que “traen a consideración después de que hace un mes se haya cerrado el plazo de enmiendas a otra proposición de ley con idéntico objeto, en la que el Partido Popular ya registró una enmienda más extensa incluso que el texto que hoy nos traen aquí”.

Santiago, también portavoz en temas de Justicia e Interior del grupo parlamentario Plurinacional, resumió su opinión en que “es obvio que el PP siempre llega tarde, como vimos con el señor (Carlos) Mazón” y su nefasta y caótica respuesta a la Dana que hace tres semanas asoló varias decenas de localidades valencianas.

Indicó que “considerando que la otra propuesta es más extensa y detallada, al incluir también la obligación de resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufren daños personales o materiales con ocasión del servicio, la verdad es que no alcanzamos a entender cuál es la intención del PP”.

“Se nos ocurren varias: no sé si están riéndose de nosotros, nos están haciendo perder el tiempo o están haciendo que los contribuyentes pierdan gratuitamente el dinero”, dijo, antes de apostillar entre interrogaciones que “¿debemos entender que esta proposición que debatimos es insuficiente?, ¿qué está deficientemente redactada? o hay más explicaciones, como que ¿simplemente han llegado tarde?, ¿que esta actuación carente de lógica se debe a que no se habían enterado de que existe otra tramitación legislativa que ya cerró el plazo de enmiendas? o ¿quizás es una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan?

El portavoz de IU en el Congreso recordó a la bancada de la derecha que su “trabajo” en ningún caso debe ser “enfangar y sabotear a las instituciones del Estado, sino redactar proposiciones de ley sobre los problemas de la sociedad”.

Advirtió de que “en la práctica” lo que consigue el PP es “apartar la atención de los funcionarios y de la sociedad de los verdaderos problemas de las prisiones”, unos problemas que no se acaban en el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios, “que es algo importante que reivindican también los sindicatos y que es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos”.

Enrique Santiago aprovechó su intervención para lanzar un reconocimiento explícito “a las y los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos, también a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia”, porque “lo que está claro es que hay que darles recursos porque su tarea va mucho más allá de sus competencias y tiene muchas veces una orientación tratamental”, ya que “hay una falta de medios e inversiones suficientes”.

Volvió a interrogar a la bancada de la derecha, pero esta vez sobre “¿por qué no abordan que en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad también se ha insertado una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo?”

“Cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando -dijo a la derecha-, lo que realmente hacen es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo y que denuncia unos falsos problemas de convivencia que no existen en nuestro país”.

Y Santiago advirtió también de que “apuntarse a ese discurso acaba reforzando a la ultraderecha”, porque “es un discurso absolutamente injustificado y del que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido en toda Europa”.

Ahora sí, tratando de aprovechar para algo positivo la iniciativa del PP, “propuso a la derecha “y aprovecho también para hacerlo a todos los grupos, un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y limitación de recursos de las y los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, su escasa remuneración y la falta de medios técnicos para atender a los internos o la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas”.

El portavoz en temas de Justicia e Interior del grupo parlamentario Plurinacional recordó que un médico en una prisión española “no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no tiene acceso a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud”. Es así salvo en tres comunidades: Navarra, País Vasco y Cataluña.

“Las únicas que han cumplido la ley 16/2003 y han incorporado los servicios sanitarios penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de esas comunidades autónomas”, una obligación que, recordó con vehemencia, “tenían todas las comunidades autónomas, atentos, antes el 1 de diciembre de 2004; es decir, hace 20 años que hay numerosas comunidades que no han cumplido este mandato”.

“¿Va el PP a incorporar los servicios de salud penitenciarios a la Sanidad Pública en Galicia, en Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o la Región de Murcia?”, donde gobierna, “y lo mismo le pedimos al PSOE, que lo haga en Castilla-La Mancha o en Asturias”, aunque Santiago especificó que “en esta última estamos en el Gobierno y nos vamos a poner a trabajar para que se haga esa trasferencia”.

“Solo si conseguimos un acuerdo para poner en marcha estas medidas este debate habrá servido para algo, si no es una absoluta pérdida de tiempo para este Congreso”, concluyó.


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