ADEGA alerta que el proyecto de reapertura de la mina de Touro no solucionará el desastre ambiental provocado por la anterior explotación de cobre

La empresa Cobre San Rafael S.L. tiene la concesión de explotación del yacimiento «San Rafael» entre las localidades de O Pino y Touro por un período de 90 años (hasta el 2068). Ahora, aprovechando la coyuntura internacional, pretende reabrir y ampliar la explotación minera en Touro, abandonada desde 1986.

El proyecto presentado, de algo más de 16 años de duración, afectará a una superficie de 689 hectáreas y amplía cuatro explotaciones ya iniciadas, como son las cortas de Arinteiro, Vieiro, Bama y Brandelos, abriendo otras dos (Arca y Monte das Minas), conformando a lo largo de la vida útil de la iniciativa un total de 6 cortas mineras principales y otras 4 satélites, diez explotaciones a cielo abierto en total de las que se sacarán 267 millones de toneladas de materiales para finalmente obtener más de 356.000 toneladas de cobre.

IMPORTANTES DEFICIENCIAS AMBIENTALES

Para ADEGA, más allá de las conocidas «ofertas publicitarias» de la empresa, y de los centenares de puestos de trabajo prometidos «sin garantía alguna de que los vaya a crear», el proyecto incluye «una letra pequeña o no tan pequeña» que apunta a «importantes carencias ambientales».

Así, según señala el colectivo, no se contempla abordar la contaminación del río Portapego ni de la balsa hiperácida de Angumil, dado que el proyecto «tira hacia delante olvidando solucionar desastres» procedentes de anteriores operaciones mineras. Para ADEGA, «la restauración de estos puntos contaminados tendría que ser una exigencia incluída en el proyecto de restauración ambiental de las nuevas minas».

Además, entre otros factores, el proyecto precisa del desvío de dos ríos (el de O Burgo y el Pucheiros), con la instalación de canales artificales de aproximadamente un km. de longitud. Sin embargo, alerta la entidad, «no se especifica de dónde se va a obtener el agua necesaria para las operaciones mineras, que podrían afectar a la traída municipal y a los manantiales locales» y tampoco queda claro «a dónde van a ir los miles de metros cúbicos depositados en la corta de Arinteiro que es preciso vaciar en la fase previa de las operaciones«.

Por otra parte, la empresa prevee el vertido de 1,8 millones de metros cúbicos de aguas de proceso al medio ambiente durante 3 años. Según indica ADEGA «para el tratamiento se hará una planta depuradora para corregir la acidez y eliminar los metales, que funcionará con la técnica de aireación, encalado y decantación de lodos«. Sin embargo «este sistema no garantiza la total eliminación de metales tóxicos como el arsénico y de los reactivos en las aguas de proceso«. Además, «la planta funcionará durante la vida útil y aunque habrá plan de seguimiento ambiental posterior al cierre, no queda claro quién se hará responsable de eventuales fenómentos de vertidos y lixiviados provenientes de las cortas y escombreras restauradas» -alertan desde la asociación-.

Finalmente -insiste el colectivo- «todos los estériles tanto de mina como de planta tienen la consideración de residuos no inertes y su peligrosidad se determinará mediante ensayos químicos sobre la marcha». Según la empresa, se producirán dos tipos de residuos «aquellos no susceptibles de generar drenajes ácidos (NAG) y los que sí (PAG)», que se gestionarán con sistemas diferentes. No obstante, para ADEGA, «todos los estériles son susceptibles de producir drenajes ácidos en alguna medida» pues la empresa habla siempre, de hecho de «potencialmente generadores o no generadores». La consideración de su cantidad, actividad o peligrosidad se hará con análisis «sobre la marcha», que a juicio de la entidad no es más que otra versión del «tú vete haciendo».

LA EMPRESA TIENE UNA TRAYECTORIA AMBIENTAL LLENA DE IRREGULARIDADES Y DENUNCIAS

ADEGA también recuerda que Atalaya Mining, la empresa accionista de referencia de Cobre San Rafael S.L., fue sancionada en 2016 por la Junta de Andalucía por cuatro faltas graves por incumplimiento de la autorización ambiental en las minas de cobre de Riotinto (Huelva), y denunciada este año por la Fiscalía andaluza por las mismas causas. Ante esto el colectivo incide en que «no hay porqué suponer que con estos antecedentes esto no vaya a suceder también en Touro, con una administración (en referencia a la Xunta de Galicia) mucho más permisiva que la andaluza, que ya es decir«.