Más de 100 colectivos LGTBIQ+ apoyan la Ley de Memoria Trans, e instan a los grupos parlamentarios a no obstaculizar su trámite
- Colectivos LGTBIQ+ de todas las CCAA y las principales organizaciones memorialistas, se han adherido a una carta en la que expresan su apoyo al registro el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, de la Proposición de Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI por motivos de Identidad y/o Expresión de Género u orientación sexual, que fue firmada por Sumar, Podemos, ERC, Bildu, Junts y BNG y promovida por la Federación Plataforma Trans.
La modificación en 1954, por el dictador Francisco Franco, de la Ley de Vagos y Maleantes, sentó las bases para la persecución, estigma y privación de libertad de las personas de la disidencia sexual. En 1970, fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, por aplicación de ambas leyes represivas fueron encarceladas y desterradas alrededor de 5.000 personas cuya orientación no se ajustaba a la heteronorma y por personas género diversas o no conformes con el género asignado al nacer.
Se habilitaron dos cárceles específicas, Badajoz y Huelva, y se destinaron módulos en Carabanchel, Modelo de Barcelona y Valencia. También en Tefía, Fuerteventura, se instauró un campo de concentración solo para las personas de la disidencia sexual, donde fueron torturadas, mal nutridas y obligadas a trabajos forzosos.
A las mujeres lesbianas, se las recluyo en la institución fascista, el Patronato de la Mujer, donde corrían el mismo destino, que madres solteras, mujeres republicanas, anarquistas y comunistas.
La organización y lucha del colectivo LGTBI en 1970, dio como resultado la primera movilización en 1977, siendo 1978, el año de manifestaciones en diferentes CCAA, con ello se consiguió que el 26 de diciembre de 1978, el Gobierno de UCD, decidiera excluir los actos de “homosexualidad” de la LPRS.
Aún quedo vigente hasta 1988, la figura de “Escándalo Público”, regulada en el artículo 431 del Código Penal que permitía multas y detenciones en comisarías hasta un total de 72 horas, por considerar un escándalo público, vestir con ropas no propias del género asignado al nacer o mostrar públicamente la afectividad entre personas del mismo sexo.
“Encarcelamientos, destierros, torturas, maltrato psiquiátrico y para las personas trans, el postfranquismo supuso una sombra muy alargada de la dictadura. Jamás una política pública para sacar de las esquinas a las mujeres trans, que forzosamente se veían abocadas a ejercer la prostitución como única forma de sustento. La única vez que se les sacó de las esquinas, mediante redadas policiales, fue en el 1982, coincidiendo con los mundiales de futbol, para limpiar las calles de gente indeseable” declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.
“Es hora de la reparación, entre las peticiones que la norma contempla, se pide una prestación económica vitalicia, equivalente a la pensión mínima de una persona jubilada sin cargas familiares, señalización y ubicación de espacios de la memoria LGTBIQ+, partida presupuestaria para la preservación y digitalización del archivo de documentación gráfica y audiovisual, entre otras medidas”, continua Cambrollé
Sin memoria, no hay democracia, sin dignidad no hay justicia y son muy pocas víctimas las que quedan vivas, concluye Cambrollé.
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